Vitoria. La Justicia sigue dando pasos a través de los cuales el Deportivo Alavés espera recuperar el dinero que Dmitry Piterman (junto con los otros tres componentes del consejo de administración, Milanendra Vikramsingh, José Nereo Ruiz y la empresa Jugovic S. L.) se llevó de sus arcas, esquilmadas y con telarañas desde entonces, durante el período en el que estuvo aposentado en el sillón presidencial de la entidad del Paseo de Cervantes. Tras varios juicios favorables a sus intereses en los que el club albiazul veía reconocidas sus peticiones de reintegración de parte del capital que fue sustraído de sus arcas a través de diversas maniobras, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria, María José Villalain, ha dado luz verde en las últimas horas a la petición de ejecución provisional de la primera de dichas sentencias. Se ve de esta manera Piterman obligado a reintegrar de manera inmediata al Alavés 130.151,98 euros, a los que hay que añadir otros 30.000 euros en concepto de intereses y costas del proceso judicial.

Por desgracia para los intereses alavesistas, esta ejecución provisional puede no traducirse en un ingreso económico inmediato. El ucraniano puede oponerse al pago de dicha cantidad y entonces se pondría en marcha el proceso de embargo de alguno de los bienes que figuran como garantía del proceso. En todo caso, no parece probable que el Alavés vea pronto esos 160.000 euros que legalmente le pertenecen y que, seguramente, pasará sin ver durante algún tiempo más si Javier Tebas, abogado de Piterman, continúa alargando todo el proceso.

Cuando están cerca de cumplirse cuatro años desde que se pusiera en marcha el proceso concursal -arrancó en julio de 2007-, el club vitoriano se dispone a recuperar la primera parte de las importantes sumas económicas que el expresidente utilizó para, como ha quedado judicialmente demostrado ya en varias ocasiones, realizar diversos pagos que poco tenían que ver con las necesidades del club. Una de estas reclamaciones dio lugar a un incidente concursal en el que la jueza otorgó el pasado 14 de noviembre de 2010 la razón en su reclamación al Alavés tras comprobarse la existencia de varias facturas "de dudoso contenido" cobradas con fechas anteriores a las de su emisión.

La sentencia daba por probado que las cuatro empresas que extendieron las facturas por sus servicios en 2005, Seguretat Foc i Alarmes, SCP, Belmonte Electricidad y Pinturas Hermanos La Piedra, no realizaron servicios en beneficio del Alavés. Detallaba el informe de los administradores concursales, además de este hecho, que el abono de las facturas salió de las arcas del club incluso con anterioridad a que las mismas fueran emitidas y se tuviera conocimiento de ello en las oficinas del Paseo de Cervantes.

Tras no conseguir esa absolución de su representado, Tebas puso en marcha el siguiente eslabón del entramado judicial y, al igual que ha hecho con el resto de sentencias en contra de Piterman, cursó con rapidez el recurso de apelación correspondiente para que la sentencia no se diese por firme.

Con este proceso apelador en funcionamiento, el Alavés procedió el pasado 28 de febrero a solicitar la ejecución provisional de la sentencia que condenaba a Piterman a reembolsar a las arcas del club los mencionados 130.000 euros con sus intereses correspondientes. Entendían los servicios jurídicos del club albiazul que la legislación se encontraba de su lado para pedir la ejecución provisional de la sentencia y, una vez estudiado el caso, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria ha optado por aceptar la petición alavesista.

La puerta para el cobro de esos 160.000 euros se encuentra abierta, aunque es bastante complicado que dicha cantidad pase a engrosar en breve las arcas alavesistas.

Además, tras esta primera ejecución provisional decretada por el Juzgado de lo Mercantil, el Alavés tiene previsto proceder a lo largo de las próximas semanas a reclamar el pago inmediato de las otras dos sentencias favorables a sus intereses por importes de 51.000 y 1,2 millones de euros.