Vitoria. El lento proceder de la Justicia depara sorpresas casi a diario y el Deportivo Alavés ha sido el protagonista de una de ellas en fechas recientes. El pasado mes de enero, El Glorioso se convirtió en actor principal en el Tribunal Supremo dentro del litigio abierto con Telefónica de Contenidos desde la disputa de la final de la Copa de la UEFA. Diez años se van a cumplir desde la celebración de ese histórico partido y la guerra entre ambas partes por culpa de los derechos de retransmisión y los ingresos derivados de dicho compromiso continúa abierta y sin una solución inminente en el horizonte, lo cual beneficia sobremanera los intereses de un Alavés que está abocado a recibir otro mazazo económico de 3,4 millones de euros. El proceso regresa ahora al Juzgado de Primera Instancia, donde el club vitoriano ya fue condenado, antes de unos recursos que han alargado el proceso, al abono de esos 3,4 millones de euros por un presunto incumplimiento del contrato de los derechos televisivos.

En la primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, del 3 de diciembre de 2005, se declaraba el "incumplimiento del contrato de 26 de junio de 1996" y se condenaba al Alavés al pago a Telefónica de Contenidos -anteriormente denominada Gestora de Medios Audiovisuales de Fútbol- de "2.524.692,28 euros como indemnización de daños y perjuicios" y otros "901.518,16 por virtud de la cláusula penal prevista en el pacto por incumplimiento de las obligaciones contractuales". A esos pagos hay que añadir los intereses y todas las costas del proceso.

Tras ese primer fallo, el Alavés presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en su fallo del 14 de junio de 2007 "revoca y declara la nulidad de la primera sentencia". En dicho proceso, los representantes legales del club vitoriano solicitaban la "nulidad de las actuaciones por no tener las grabaciones de la diligencia final y del interrogatorio del testigo". Desde la entidad albiazul se alegaba "indefensión" al encontrarse privada de esta prueba testifical.

Conseguía el Alavés la nulidad de la última parte del proceso -la diligencia final-, pero los abogados insistían en lograr la nulidad del proceso completo "por el extravío de las grabaciones originales de todo el procedimiento, lo que debe dar lugar a la nulidad de actuaciones desde la audiencia previa del juicio ordinario para no provocar indefensión".

Presentaba el club vitoriano un "recurso extraordinario por infracción procesal", pero desde Telefónica de Contenidos se consideraba "inadmisible" dicho recurso por no ser la sentencia impugnada susceptible del mismo y por falta de legitimación al haber la primera sentencia estimado el recurso interpuesto por el Alavés.

En los últimos días -concretamente el 31 de enero del presente año- el Tribunal Supremo ha decidido desestimar finalmente ese segundo recurso interpuesto por el Alavés a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 14 de junio de 2007. Entienden los magistrados -que juzgan el proceso legal, no el presunto incumplimiento del contrato entre el Alavés y Telefónica de Contenidos- que no puede existir recurso de casación al no existir un fallo de segunda instancia, sino la aceptación de un recurso en el que se anuló la diligencia final del proceso al no existir la grabación de una prueba testifical llevada a cabo.

Volver a empezar La sentencia supone el regreso al inicio del proceso y el litigio se traslada de nuevo al Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid. El requerimiento de la prueba testifical grabada con el que anteriormente no pudo contar el Alavés para fundamentar su defensa es la única vía de escape que tiene un club que, al menos, consigue sacar partido del complejo entramado jurídico para estirar todavía más el pago de una deuda que antes o después va a tener que abonar. El proceso volverá a ponerse en marcha casi desde el principio, pero la existencia de una sentencia en contra de los intereses alavesistas conduce a pensar que la apertura de un nuevo proceso no va a variar el resultado final. Así, cuando se cumplan los lentos plazos de la Justicia, el club vitoriano tendrá que afrontar otra deuda.