Las madres que denunciaron presuntos delitos contra la libertad sexual en los campamentos de Bernedo gestionados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea han pedido que "se reconozca que hubo cosas que se hicieron mal", que se asuman responsabilidades y que "se adopten las medidas necesarias para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo".
Esta asociación, además de ser objeto de una investigación judicial por estas denuncias, ha sido sancionada por la Diputación de Álava con una multa de 9.000 euros y tres años de inhabilitación para celebrar actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
Sin embargo, un juzgado de Vitoria ha suspendido este castigo de manera cautelar, una decisión contra la cual la Diputación va a presentar alegaciones. Sarrea Euskal Udalekua ha anunciado en todo caso que no celebrará las colonias este año.
Las familias que denunciaron los supuestos delitos sexuales han hecho público esta martes un comunicado -firmado por 'Las madres de Bernedo'- en el que explican que cuando el año pasado se quejaron por lo ocurrido, la respuesta de la asociación organizadora les "decepcionó profundamente" y que, tras acudir a distintas instituciones, solo la Diputación de Álava les "escuchó".
"Mirando atrás, no podemos evitar pensar que todo esto pudo ser diferente. Bastaba con sentarse con nosotras. Escucharnos. Escuchar a nuestras hijas. Tratar de entender qué había ocurrido y actuar en consecuencia", explican en el comunicado.
Lamentan que este tema se haya "convertido en un debate político e ideológico" y rechazan que sus denuncias se usen para "atacar a nadie, ni a ningún movimiento", como tampoco aceptan que "ese argumento se utilice para desviar la atención de lo verdaderamente importante".
Recuerdan además que muchas de las familias denunciantes son "vascas, feministas y abertzales" y por eso les ha "dolido especialmente que se nos haya querido situar en un lugar que no reconocemos".
"Relatos parciales"
"Nos hemos denunciando una ideología, hemos denunciado unos hechos", aseguran estas familias, y añaden: "No queremos que nadie utilice a nuestras hijas para ganar debates que no les pertenecen. Queremos que se reconozca que hubo cosas que se hicieron mal, que se asuman las responsabilidades que correspondan y que se adopten las medidas necesarias para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo".
Estas familias explican que si durante estos diez meses han optado por el silencio ha sido para "proteger" a sus hijas, aunque ha resultado un "ejercicio de contención muy duro" debido a los "relatos parciales" y las "opiniones de gente que no sabe lo que pasó y afirmaciones que no encajan con lo que vivimos".
Si ahora exponen su postura públicamente, señalan, es porque sienten que "seguir calladas ya no protege a nuestras hijas; al contrario, contribuye a que sus voces sigan quedando en un segundo plano".
"Detrás de todo este ruido hay personas. Hay familias. Hay menores que han tenido que ver cómo se ponían en duda sus vivencias mientras los adultos discutían de todo menos de ellas", señalan estas madres, que explican que "el sufrimiento emocional y psicológico que algunas de ellas están atravesando es real", como también lo es el "desgaste" de las familias.
