El administrador traslada al comité de Tubos Reunidos la anulación del ERE y del cierre de la acería

Ese plan de viabilidad incluía el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística, medidas que también rechazaba la representación sindical al considerar que comprometían la continuidad de la factoría. PKF Attest, en su primer encuentro con los representantes de la plantilla, ha trasladado la anulación de estas medidas, lo que comunicará al juzgado a los efectos oportunos. 

Hay que recordar que el ERE fue impugnado por ELA, LAB, UGT y ESK. De este modo, los sindicatos prevén retirar sus recursos judiciales contra el expediente, por lo que no deberá celebrarse el juicio previsto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para el próximo 7 de julio.

Plan "sin efecto"

“La principal conclusión es clara: el plan planteado por la dirección de la empresa queda sin efecto”, ha apuntado el comité de la planta de Amurrio en un comunicado a la plantilla tras esta primera reunión, en referencia tanto a la anulación del ERE como al cierre de la acería y la externalización de la logística.

“Precisamente por esto hemos estado peleando durante todos estos meses”, afirma el comité, reconociendo asimismo que “la situación sigue siendo compleja”.

Priorizar una solución conjunta

Sobre esta base, la administración concursal de PKF Attest ha manifestado a los representantes sindicales su intención de intentar salvar la compañía en su totalidad, frente al escenario de una venta por lotes. Esta hipótesis tenía como protagonista a la planta de Trapagaran, que cuenta con 320 trabajadores y podría resultar más atractiva para los inversores en la medida en que se dedica a productos de valor añadido y resulta más rentable.

Precisamente, esta tarde el administrador tiene previsto reunirse con el comité de la planta vizcaína.

El propio comité de la factoría vizcaína aseguraba hace un par de semanas en una comparecencia en el Parlamento Vasco que la planta “es viable hoy mismo”, “tiene carga de trabajo y clientes”. “Tenemos carga de trabajo para cuatro meses, necesitamos dinero para poder comprar producto y trabajar para poder facturar”, insistieron, advirtiendo de que de lo contrario podrían perder los clientes que aún conservan.

La planta de Trapagaran era la menos afectada por el ERE ahora anulado, con 27 bajas, y no se sumó a la huelga indefinida que sí respaldó hasta el pasado 18 de mayo la factoría de Amurrio, donde el ERE inicial proponía 274 rescisiones.

Inversores y deuda

De este modo, el administrador concursal ha trasladado en el encuentro, de unas dos horas de duración, que intentará salvar toda la empresa sin trocearla en lotes, pero también ha advertido de que eso requerirá la aparición de un nuevo inversor. 

Hace un par de semanas, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, afirmaba que “hay nuevos inversores interesados en poder ayudar” a la compañía alavesa, pero que “por ahora no hay propuestas”. Y es que uno de los grandes lastres para la compañía, su abultada deuda de 263 millones –de la que la SEPI es acreedora aproximadamente de la mitad– sigue ahí. 

Jauregi defendía la necesidad de que se logre “la quita de la deuda, una reestructuración de la deuda” en esa comparecencia ante la prensa el pasado 19 de mayo: “Nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”.

La regulación del procedimiento concursal establece que primero se ha de intentar vender el grupo en su conjunto y mantener la actividad, pero, si falla, se abre la fase de liquidación, vendiendo los bienes por lotes o unidades separadas. La situación de concurso voluntario de acreedores abre la puerta a una reestructuración de la deuda que incluya lo adeudado a la SEPI, que en este escenario sí podría verse afectado por una quita.

"El escenario ha cambiado"

“La administración concursal nos ha transmitido que su objetivo es trabajar por la continuidad de la actividad y la viabilidad del proyecto industrial, también se nos traslada que necesitan tiempo y un inversor. Para ello se abre ahora una nueva fase en la que habrá que desarrollar diferentes procesos con el objetivo de atraer posibles inversores interesados en el futuro de Tubos Reunidos”, ha apuntado el comité de la planta de Amurrio en su comunicado a la plantilla.

En este sentido, la representación de los trabajadores ha afirmado que “el escenario ha cambiado, pero nuestros objetivos siguen siendo los mismos: defender todos los puestos de trabajo, la acería, la logística y el futuro industrial de Tubos Reunidos y de Aiaraldea”.

Asimismo, el comité asegura que el administrador ha trasladado “la voluntad de mantener una comunicación transparente y fluida” con la parte social. Por de pronto, ha garantizado suficiente caja para pagar las nóminas al menos hasta agosto, un punto de tranquilidad para la plantilla que había compartido su preocupación de que no se fueran a pagar ya los sueldos de junio.