La Hacienda Foral de Álava ha remitido este jueves al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, la información fiscal del año 2024 requerida para elaborar el índice de precios de referencia de los alquileres.
La institución foral ya había enviado al Eustat, a finales de junio y principios de julio, los datos tributarios correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, ha precisado la Diputación en un comunicado.
La información remitida este jueves se refiere a los contribuyentes con deducción por arrendamiento de vivienda habitual, arrendatarios, arrendadores y ciudadanos con rendimientos de capital inmobiliario por alquiler de vivienda habitual.
A partir de este momento corresponde al Eustat elaborar el cálculo del índice de referencia de los alquileres, que se aplicarán en Vitoria cuando el Boletín Oficial del Estado publique la declaración definitiva como zona tensionada de vivienda
Vitoria, ciudad tensionada
Con la incorporación de Vitoria, se alcanza la cifra del 47,7% de la población de Euskadi residente en alguna zona tensionada en materia de vivienda. Este porcentaje superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa y Hernani, cuyos trámites están en curso.
“Gracias a esta medida va a ser posible aplicar una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible”, explica la alcaldesa, Maider Etxebarria
La calificación de Vitoria como zona tensionada permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda estructurado en cinco ejes:
En primer lugar, la construcción de vivienda protegida. En total, se impulsarán 3.012 nuevos pisos, de los cuales el 53% serán de alquiler protegido. Entre ellos se incluyen 950 de iniciativa pública que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. Habrá otras 1.383 viviendas que surgirán de promociones sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada, y 679 casas en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco en febrero del año pasado.
En segundo lugar, limitación de precios del alquiler. La declaración afectará al 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores (Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardelegi), y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda.
En este sentido, cabe recordar que las medidas para proteger a las personas inquilinas y, en concreto, la limitación del precio de los alquileres en los municipios declarados tensionados es ya plenamente efectiva en el 90% de los contratos.
Solo los inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o los que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años, que representan el 10%, dependen del índice para que se les aplique la totalidad de las medidas previstas por la ley. En el 90% de los casos, los precios están ya limitados y no se podrán subir más de lo que marque el índice anual IRAV, que ya está en vigor y fija incrementos por debajo del IPC.
Otro de los ejes de actuación es la rehabilitación. Así, se mantendrán y reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad de viviendas y edificios residenciales.
Este plan de choque en materia de vivienda incluye actuaciones en Vitoria en materia de fiscalidad. El Ayuntamiento ya aplica un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas deshabitadas, una medida que puede complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque de pisos vacíos hacia el alquiler.
Está previsto también mantener las bonificaciones en el impuesto de construcciones (ICIO) recogidas en las ordenanzas fiscales para construcción de VPO, rehabilitación energética en viviendas o eliminación de barreras arquitectónicas. En el convenio rubricado entre ambas instituciones en febrero de 2024, la bonificación en la cuota se situó en el 95%.
El quinto eje del plan hace referencia a la transformación de espacios. De esta manera, se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables. Defiende el Gobierno Vasco que con este plan reafirma su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y adecuada.