Las Juntas Generales de Álava han instan al Gobierno Vasco a través del EVE, a la Diputación Foral de Álava y a los Ayuntamientos de las zonas rurales de Álava a que "adopten medidas para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en las zonas rurales del territorio", para "garantizar el acceso universal a esta infraestructura y contribuir de manera efectiva a la movilidad sostenible y el equilibrio territorial".
PNV, PSE y PP han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de los populares, que ha contado también con el voto afirmativo de Elkarrekin, la abstención de EH Bildu y la negativa de Vox, en la comisión foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad.
Asimismo, el texto acordado aboga por que, "en aquellos casos en los que no sea posible poder instalar cargadores eléctricos de operadores privados, sean las instituciones las operadoras de estos puntos de carga, realizando su instalación, conexión con la red y mantenimiento, definiendo para cada caso quien es responsable de cada punto de carga".
Este segundo punto de la moción ha salido adelante con los votos favorables de PNV, PSE y PP, la abstención de EH Bildu y la negativa de Elkarrekin Araba y Vox.
"DESEQUILIBRIO EN LA ZONA RURAL"
El juntero del PP Guillermo Sáez ha destacado que "la movilidad sostenible es un reto ineludible para la sociedad", pero ha lamentado que "existe un claro desequilibrio en el Territorio en la distribución de puntos de carga en las zonas rurales de Álava que no se puede permitir".
En este sentido, ha enumerado que municipios como "Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Aramaio, Armiñón, Laguardia y Labastida, entre otros, no cuentan con estos puntos de carga, dificultando, por tanto, la adopción de la movilidad sostenible y perpetuando una desigualdad territorial que debe ser corregida".
El portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha resaltado "la clara voluntad de la Diputación, el EVE y los ayuntamientos para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en el Territorio", para "garantizar el acceso universal a la infraestructura de recarga que debe ser accesible para todos los habitantes de Araba".
Por su parte, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha apelado a "reforzar la coordinación institucional de todas las administraciones competentes y conseguir que nadie se quede fuera de la posibilidad de tener un coche eléctrico y un punto de recarga cercano, ya sea a través de operadores privados o con el apoyo institucional".
RENTABILIDAD ECONÓMICA
El procurador de EH Bildu Xabier Ullibarri ha secundado que "la red de electrolineras debe extenderse al conjunto del territorio", ya que "es positivo respecto al vehículo eléctrico", pero ha cuestionado que donde vayan a funcionar bien las pongan las empresas y se lleven las pertinentes ganancias y donde pueden no ser tan rentables o, incluso, generar pérdidas, las hagan las instituciones".
Mismos argumentos que ha esgrimido el juntero de Elkarrekin José Damián García-Moreno, quien ha censurado que "los puntos de recarga que sean rentables económicamente los exploten las empresas, pero aquellos que no, los tengan que financiar las administraciones públicas, para reclamar "socializar las pérdidas".
Por su parte, el juntero de Vox Jonathan Romero ha mostrado su "más contundente rechazo" a una iniciativa "marcada por la maldita 'Agenda 2030' y por las políticas climáticas que derivan de la Unión Europea que, bajo el disfraz de la sostenibilidad, están generando una creciente desigualdad social y territorial".
