La Audiencia de Gipuzkoa ha impuesto este martes penas comprendidas entre los dos y los cinco años de cárcel a los cinco acusados de una treintena de asaltos a empresas, locales comerciales y bares en distintas localidades de Gipuzkoa y Álava.

Un sexto inculpado se encuentra huido de la justicia, por lo que no ha sido juzgado en la vista oral celebrada hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, cuyo inicio fue aplazado ayer debido a la hospitalización de uno de los encausados que este martes ya ha acudido al juicio.

Durante la vista, los cinco imputados presentes han reconocido los hechos y sus abogados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, por el que han sido condenados por un delito de robo con fuerza continuado en establecimiento abierto al público con la atenuante de drogadicción.

Operativo de la Ertzaintza ajeno a esta información. Irekia

En concreto, tres de ellos han sido condenados a cuatro años de prisión, el cuarto lo ha sido a cinco años de cárcel por ser reincidente, y el quinto ha recibido una pena de dos años al ser considerado cómplice de los anteriores en únicamente seis de los robos.

Las penas se han visto rebajadas después de que la Fiscalía haya retirado de su acusación el delito de pertenencia a banda organizada y les haya reconocido la atenuante de drogadicción

Serbia, Croacia y Albania 

Los procesados, originarios de Serbia, Croacia y Albania, se enfrentaban inicialmente a diferentes peticiones de condena por parte del Ministerio Público que reclamaba once años de cárcel para cuatro, y trece para los dos restantes, a los que aplicaba la agravante de reincidencia.

No obstante las penas se han visto rebajadas finalmente en gran medida después de que la Fiscalía haya retirado de su acusación el delito de pertenencia a banda organizada que les imputó en un primer momento y les haya reconocido además la atenuante de drogadicción.

Butrón en una empresa de Vitoria. Alex Larretxi

Los robos fueron cometidos en diferentes compañías, bares, restaurantes y comercios de San Sebastián y Vitoria, así como en las localidades guipuzcoanas de Irun, Hondarribia, Irura, Orio, Astigarraga, Errenteria, Oiartzun, Hernani, Ordizia y Andoain.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, en sus golpes, los procesados se apoderaron de distintos objetos de valor que había en las empresas, así como de diferentes cantidades de dinero en metálico.

En el más cuantioso de ellos lograron apoderarse de un total de 38.000 euros repartidos en dos máquinas de cambio existentes en el interior de una cafetería de Irun.

Horario nocturno

Los hechos se produjeron a lo largo de cinco meses, entre el 13 de mayo de 2019 y el 17 de octubre de 2020, fechas en las que, según el texto de la Fiscalía, los procesados accedieron a los citados establecimientos y empresas "fuera de las horas de apertura al público, fundamentalmente en horario nocturno" y "haciendo uso de la fuerza" para "introducirse" en su interior.

Con este fin, manipulaban los sistemas de apertura de las puertas y ventanas, inutilizaban los sistemas de alarma y en algunos casos llegaron a realizar butrones y a derribar muros para colarse en los locales.

Una vez dentro, abrían "mediante instrumentos de fuerza, como destornilladores y ganzúas", las "distintas máquinas y cajas registradoras o de seguridad" que encontraban.

Los inculpados, que se desplazaban a los lugares en los que actuaban en seis turismos diferentes conducidos por uno de ellos.

Tras el acuerdo de conformidad alcanzado por todos los acusados, el tribunal ha acordado la suspensión de la pena de prisión para dos de ellos, con la condición de que no vuelvan a delinquir en los próximos años y de que abonen las compensaciones a las empresas perjudicadas que les corresponden. Uno de estos hombres deberá además finalizar el tratamiento de deshabituación a las drogas que ya ha iniciado.

Los tres encausados restantes también tienen la posibilidad de que la pena de cárcel les sea suspendida con las mismas condiciones si durante el período de ejecución de la sentencia presentan diferente documentación acreditativa de su adicción a las sustancias estupefacientes.