Las necesidades de vivienda son cada vez más acuciantes y por ello, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, anunció ayer que su Departamento actualizará al alza los ingresos máximos para acceder a una vivienda protección oficial (VPO) de venta u alquiler, con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad económica y “evitar escenarios injustos” motivados por la inflación.
Arriola dio a conocer esta modificación durante el pleno de control al Gobierno Vasco, donde recordó que el contexto de inflación tras la pandemia y la guerra de Ucrania “puede afectar negativamente y dejar fuera del sistema a personas y familias cuya economía no ha mejorado”.
El consejero explicó que los niveles de ingresos para estar de alta en Etxebide se calculan utilizando la declaración del IRPF y aplicando un factor corrector en función de las características de la unidad convivencial, por lo que “si los ingresos ponderados máximos se superan, se pierde la posibilidad de acceder a un VPO”.
“EVITAR ESCENARIOS INJUSTOS”
en este sentido, Arriola señaló que el objetivo es “evitar escenarios injustos que podrían expulsar del sistema de protección social a muchas personas a causa de la inflación”.
A modo de ejemplo, explicó que se puede dar la situación de que una persona demandante de una VPO vea incrementado su salario por debajo del incremento del IPC y que, “aunque su poder adquisitivo real se ha resentido al crecer los precios más que su sueldo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a un piso protegido”. En la actualidad, entre los inscritos en Etxebide predominan las familias frente al menor peso de las personas que viven solas. De hecho, la mayoría son familias monoparentales, padres o madres con hijos, que, unidos a los matrimonios y parejas con descendencia, se acercan al 50% de solicitantes.
17.000 personas están esperando una casa en Etxebide
El consejero puso ayer de relieve que los límites en vigor se basan en la normativa de 2011 y que no ha sufrido ajustes reseñables, “debido a la estabilidad en esta materia en los últimos años”. Dada la situación actual, puso sobre la mesa ante los parlamentarios que la actualización se recogerá en la disposición final del futuro decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda, que será aprobado en las próximas semanas.
La norma recoge que excepcionalmente en el momento de aprobación del decreto se realizará una actualización del 8,5%. Así, el límite de ingresos máximos pasará de 25.000 a 27.125 euros; en el caso de una vivienda de protección social de alquiler; de 39.000 a 42.315 euros los topes para quienes opten a una VPO de régimen general en arrendamiento o compra; y de 50.000 a 54.250 euros en el caso de viviendas tasadas.
Asimismo, el decreto, cuya aprobación está prevista para las próximas semanas, establece un mecanismo de ajuste cada 1 de enero en función del IPC.
