Los consistorios integrados en AMAC, la asociación de municipios en áreas de centrales nucleares (AMAC), a la que pertenecen Lantarón y Valdegovía así como Ribera Baja (fue incluida por el Ministerio para beneficiarse del Plan de Recuperación por el desmantelamiento de Garoña), mantienen su rechazo a los almacenes individuales de residuos. Por esa razón, en las últimas horas, han convocado una asamblea extraordinaria para el día 22 con el fin de analizar la situación y reclamar otra solución diferente el gobierno central y así lo expresarán en un comunicado conjunto según han señalado desde la asociación a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.

Ya en el mes de abril de este año AMAC criticó el VII Plan General de Residuos Radiactivos al considerar que el texto planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es “totalmente irreal y falto de credibilidad además de no definir estrategias ni dar soluciones”.

En un comunicado denunciaron que la intención del Gobierno era almacenar dichos residuos en siete almacenes temporales descentralizados en los emplazamientos de las centrales, en lugar de un ATC, dispersando de esta manera los residuos nucleares por todo el territorio nacional. Una decisión que entonces y ahora fue rechazada por AMAC porque se tomó “sin consultar a los municipios afectados y sin que se haya planteado previamente un acuerdo general entre el Estado y los municipios para la gestión de los residuos radiactivos”.

De esta manera, la asociación ha vuelto a insistir que la “única estrategia válida, que respeta todos los principios validados en los escenarios internacionales, es la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP)”.

Polémica recurrente

La polémica se ha abierto tras la publicación del borrador del VII Plan, en el que se confirma que los residuos nucleares de las centrales se quedarán en las centrales y, en el caso de Santa María de Garoña, la piscina albergará los cofres de seguridad encargados. Y es que el almacén temporal centralizado (ATC), cuya construcción en Villar de Cañas (Cuenca) fue paralizada por el Gobierno en 2018 no se hará y la única alternativa posible es que los residuos se queden donde están hasta la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP).

El problema es que en dicho VII Plan de Residuos se señala que hasta 2073, al menos, no estará construida esa instalación. De hecho, en todo el mundo solo hay una en Nuevo Méjico y hay otra en ejecución en Finlandia.

El VII Plan contempla el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios. En breve, el Consejo de Ministros dará luz verde al traspaso de Garoña de Nuclenor a Enresa para poder iniciar el desmantelamiento y ya se han previsto los sistemas sanitarios y de emergencias para permanecer en el lugar hasta que cese la peligrosidad.

Combustible gastado

El combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, que se encuentra en la piscina de la instalación, será encerrado en unos contenedores especiales que el Consejo de Ministros contrató a finales del mes de marzo de 2020 para llevar a ese lugar.

Según aquella referencia del Consejo, se autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) la celebración de dos contratos para la fabricación y suministro de contenedores para el almacenamiento en seco del combustible gastado de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Trillo (Guadalajara) y Santa María de Garoña (Burgos). Los dos contratos se adjudicarán a la empresa española Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (ENSA), que resultó adjudicataria de los primeros contenedores para las tres centrales.

La razón de aquella compra es que, en las centrales nucleares, después de las recargas, el combustible gastado extraído del reactor se almacenaba en piscinas que se encuentran ubicadas en el interior de las mismas. Cuando la capacidad de las piscinas se acerca a su saturación, o para permitir el desmantelamiento de una central, cuando ésta ha cesado su explotación, se justificaba, el combustible gastado se introduce en contenedores y se deposita en un almacén temporal individualizado (ATI) construido en la propia central.

El contrato autorizado en 2020 tiene como objeto suministrar 44 contenedores para el almacenamiento del combustible gastado de la central nuclear de Garoña. El valor estimado del contrato era de 127.600.000 euros, el plazo de ejecución 5 años, y las primeras unidades se comenzarán a suministrar en 2023. Los contenedores son del mismo tipo que los 5 que fueron adquiridos por Enresa en el año 2012 y que fueron autorizados por el Ministerio previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

El contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos. Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado. Miden casi 5 metros de alto, tienen un peso, cargados, de 72 toneladas y su diámetro es de 2,09 metros.