A principios de este año, el Ayuntamiento de Gasteiz decidió suspender las licencias de construcción en los pequeños pueblos del municipio a la espera de que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana que limitará la expansión urbanística de la ciudad y sus concejos. La decisión municipal generó una reacción inmediata en propietarios de terrenos, como los de Uleta, en Armentia, que directamente metieron las excavadoras en sus fincas.

Mientras, en Mendoza, los dueños mayoritarios de su sector 41 movían ficha para construir 64 chalés en un pueblo a día de hoy apenas tiene medio centenar de casas y que a 1 de enero de 2021 contaba con 107 habitantes censados. La junta de compensación de este sector aprobó denunciar la suspensión de las licencias para unos terrenos en torno a los que no se ha hecho ningún movimiento desde su adquisición en 2007.

Dicha junta de compensación la componen Caja Laboral, en más de un 80%, un particular que tiene un 1% y la Junta Administrativa de Mendoza, con un 10%. Esto supone que las votaciones dentro de este órgano sean “un rodillo”, explica Raúl Iturritxa, presidente de la Junta Administrativa, y que el concejo se vea obligado a poner dinero para entrar en un litigio en contra de sus propios intereses.

“La Junta Administrativa y el pueblo estamos totalmente en contra del desarrollo urbanístico y por supuesto de ir a juicio, porque nos supone unas costas cuando encima no queremos ese desarrollo”, afirma Iturritxa, quien explica que el pasado viernes se celebró una reunión del concejo en la que se decidió por unanimidad de todos los presentes posicionarse en contra del desarrollo de este sector e intentar presionar en la medida de lo posible para evitarlo.

A su juicio, el desarrollo planteado es “una aberración”, no solo por el impacto de multiplicar el número de viviendas del pueblo, sino también porque “son dos o tres años de obras, cuando solo tenemos un paso de un puente de tres metros”.

Además, asegura, la expansión planteada también supondría un problema a nivel de infraestructuras. “En principio con el abastecimiento de agua que tenemos de Amvisa no llegaría, tendríamos que cambiar todo el abastecimiento desde Martioda hasta aquí, darle una sección mayor a la entrada de agua; y la depuradora que tenemos se quedaría pequeña”, señala Iturritxa.

La oposición de los vecinos, puntualiza, no es la expansión del pueblo, sino a esta expansión. “Nosotros entendemos que los pueblos tienen que crecer, que se hagan ocho o diez chalés en diez años, que además hay terreno para hacerlo fuera del sector 41, pero no que se plantee duplicar el pueblo, eso no es ni normal, ni ético ni lógico. Luego hay que gestionarlo, yo estoy en la Junta Administrativa y sé lo que es eso”, afirma.

La construcción de esas 64 viviendas transformaría un núcleo eminentemente agrícola en “una ciudad dormitorio” a diez kilómetros de Vitoria, un escenario idílico para muchas personas que luego suele chocar con la vida real.

“Sí, en el pueblo se vive muy bien, pero si tienes dos críos necesitas dos coches a pie de puerta, y esos coches no van gratis”, afirma el presidente de la Junta Administrativa, quien advierte además de que “como a partir de septiembre el euríbor se ponga por las nubes nadie va a venir al pueblo a vivir, con los precios de la gasolina que hay, además”.

Solar de cemento

Así, ahora entre los vecinos se extiende el miedo de que “se nos quede un solar de cemento y unas carreteras con unas farolas muy bonitas”, en una localidad en la que la necesidad de nueva vivienda es cuestionable. “En Mendoza hay cincuenta viviendas, más de catorce están deshabitadas, y dentro del pueblo hay terrenos urbanos que no son del sector 41 y que están sin desarrollar y sin vender”, afirma Iturritxa en ese sentido.

El concejo mantiene conversaciones con el Ayuntamiento gasteiztarra, que apoya su posicionamiento habida cuenta de que es que reflejará el futuro PGOU. Sin embargo, en el pueblo no tienen claro “hasta cuándo van a soportar la presión de los propietarios. Si fuera un constructor igual la soportan, pero es Caja Laboral quien está detrás”, advierte Iturritxa.

Repensar la Expansión

  • PGOU. La reformulación del documento que marcará la expansión futura de la ciudad a lo largo de las próximas décadas tiene por objetivo hacer de Vitoria un modelo de urbe compacta, la puesta en valor del patrimonio natural, la eficiencia energética, el equilibrio económico y la protección de los pueblos del municipio. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lanzará un guiño a las 63 entidades locales menores que forman parte del término municipal de Vitoria-Gasteiz apostando por conservar su configuración actual y no abrir la mano al consumo desmesurado de suelo.
  • No a los pueblos dormitorio. La intención de la revisión del PGOU pasa por buscar cerrar el camino a su conversión en pueblos dormitorio con el desembarco de un elevado número de urbanitas que, huyendo de la ciudad, se lancen a la conquista de la zona rural y se quiebre la armonía, vida y costumbres de la localidad y sus primitivos moradores.
  • Mayoría en los pueblos. Esa es también la intención de la inmensa mayoría de las entidades locales colindantes a la capital alavesa y que están empezando a dar los pasos necesarios para conservar su privilegiada situación y su cultura de pueblo. En las últimas semanas han sido varias las reuniones de concejos y juntas administrativas en las que se han unificado posturas y se ha abogado por esta línea de actuación.
  • Cerrar la puerta. Tratan de cerrar la puerta a una posible puesta en marcha de operaciones inmobiliarias en sus términos municipales y que los propietarios de esos solares donde es posible edificar empiecen las maniobras previas.