El diputado general alavés, Ramiro González, explicó ayer en las Juntas Generales que la Diputación duplicará la partida de ayudas especiales a situaciones de necesidad, ante la escalada inflacionista que afecta especialmente a los precios de la energía o los alimentos. Así, se refuerza la ayuda a aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a las AES o la RGI, pero que ante la situación económica, agravada por la guerra de Ucrania, tienen dificultades para acceder a alimentos o han caído en la pobreza energética.
Así, la partida inicial prevista en el Presupuesto para 2022 del Instituto Foral de Bienestar Social para el Programa de Ayudas a Situaciones de Necesidad, de 290.000 euros, pasa a ser de 580.000 euros.
González compareció a petición de EH Bildu para dar cuenta de las medidas adoptadas por la institución foral para mitigar el efecto de la invasión de Ucrania en la economía alavesa, y señaló que estas forman parte de un primer paquete, pero que se seguirá observando la evolución de la situación para aprobar más actuaciones si es necesario.
El portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, afeó a González que se hayan adoptado estas medidas renunciando, aseguró, a la "gobernanza colaborativa", a aceptar propuestas de la oposición. El diputado general replicó que ya ha mantenido una reunión con los portavoces de los grupos de la Cámara alavesa y que habrá mas contactos si es necesario.
Desde Elkarrekin Araba, David Rodríguez reclamó medidas específicas para combatir la pobreza energética, y por parte del PP Iñaki Oyarzábal califico de insuficientes las ayudas aprobadas, alegando que las medidas adoptadas son principalmente aplazamientos fiscales sin repercusión en las arcas forales.
En ese sentido, González dio cuenta del plan fiscal acordado entre las tres diputaciones vascas, presentado la pasada semana y que se aprobará este martes en el Consejo de Gobierno.
Así, los autónomos, microempresas y pequeñas empresas disfrutarán de manera voluntaria de un aplazamiento extraordinario en los pagos de impuestos, sin necesidad de aportar garantías. Estos aplazamientos tampoco devengarán intereses, y para la devolución de las cantidades aplazadas se ofrecen tres meses de carencia y el pago en seis cuotas mensuales de igual importe.
Por otro lado, las personas físicas que realizan actividades económicas no estarán obligadas a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados de IRPF en los dos primeros trimestres del año.
La tercera medida consiste en la ampliación del forfait de compensación de gastos de difícil justificación con el que las microempresas y los trabajadores autónomos pueden reducir su base imponible, ya sea en el Impuesto sobre Sociedades o en IRPF. La ampliación del forfait tendrá especial intensidad para las actividades del transporte de mercancías por carretera, agrícola y ganadero, ya que en los tres territorios se eleva hasta el 70%. El forfait general, tanto en IRPF (autónomos y autónomas) como en el Impuesto sobre Sociedades (microempresas) se eleva desde el 10 % hasta el 15 %.
Por último, las tres diputaciones acordaron abrir una nueva línea de subvenciones directas para el sector primario, que ascienden a 2,5 millones de euros en Álava, 1,2 millones en Bizkaia y 1,7 millones en Gipuzkoa.
El diputado general de Álava afirmó ayer que la institución foral sigue de cerca la evolución de la economía en el territorio, lastrada por la guerra de Ucrania.
El portavoz de EH Bildu reclamó al Gobierno foral que permita la participación de los grupos de la oposición en el diseño de las medidas de combate a la crisis económica.
9,8 %
El último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) cifra en un 9,8% el aumento en el pasado mes de marzo, la tasa más alta desde mayo de 1985.
Ayudas directas