El PP muestra su preocupación por la inminente renovación de la Ley de Aportaciones en el escenario de mayoría absoluta de PNV y PSE en el Parlamento Vasco, según anunció el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el viernes pasado.
Para la portavoz suplente en las Juntas alavesas, Ana Morales, "en el PP se han encendido las alarmas con las declaraciones del consejero vinculando la mayoría absoluta del ejecutivo autonómico con el avance de los trabajos para renovar una ley, cuya vigencia terminó hace once años".
Por eso, los populares hacen un llamamiento para lograr el mayor consenso posible en torno a la próxima Ley de Aportaciones, ya que temen que "el rodillo PNV-PSE imponga un modelo que perjudique a Álava, dé la espalda a sus necesidades y le reste más financiación".
"Injusta" con Álava
Además, Morales ha pedido la comparecencia del diputado general, Ramiro González, para que explique qué aportaciones se han hecho por parte de Álava al nuevo borrador y cuál es el contenido".
En este sentido, el PP ha anunciado que no respaldará la Ley de Aportaciones si es injusta con Álava y no contempla sus peculiaridades, su personalidad y sus necesidades.
En este sentido, Morales ha exigido para Álava un canon por la despoblación y dispersión de la zona rural, que encarece el coste de los servicios por habitante y genera un importante problema para fijar población en los municipios alaveses.
También financiación suficiente para las competencias propias de la Diputación alavesa, sobre todo, en materia de Bienestar Social y carreteras. Dice la juntera que en los últimos años, la Ley de Dependencia ha disparado la demanda de servicios sociales un 30% y la vigente Ley de Aportaciones no contempla ni siquiera esta situación.
Más dinero para carreteras
En materia de carreteras, para el PP es urgente incrementar la financiación que dispone Álava porque en 2026 se va a disparar el gasto en la red viaria, ya que la Diputación asumirá la gestión, titularidad y mantenimiento del tramo Burgos-Armiñón (AP-1) y AP-68.
La Ley de Aportaciones lleva "perjudicando" a Álava desde 2007 en más de 300 millones de euros porque le impone una obligación de aportar al Gobierno Vasco una cuantía económica muy por encima de su capacidad real. Esto deja a la Diputación con recursos insuficientes para afrontar las necesidades de Álava.
"Queremos que el dinero de los alaveses se quede en Álava para atender mejor a nuestros mayores, mantener nuestras carreteras y apoyar a las empresas y a los pueblos de Álava", concluye Morales
