- La fuerte oposición de los gobiernos de los países más perjudicados, de los Consejos Reguladores y de la inmensa mayoría de organizaciones vitivinícolas han logrado que los responsables de la Comisión Europea prolonguen hasta 2045 la autorización de la plantación de viñedos también conocida como la liberalización de viñedos, según han confirmado fuentes comunitarias de Bruselas.

El acuerdo se logró en una reunión de un grupo técnico de agricultura el lunes y ahora el mandato de prórroga deberá ser discutido por la eurocámara. En todo caso, el Parlamento europeo ya se había mostrado favorable a esa extensión, por lo que de momento el sistema de autorización para plantaciones de viñedo se prolongará de 2030 a 2045, quince años más tarde de lo previsto inicialmente en el calendario de acciones.

El sistema de autorizaciones para plantaciones de viñedo permite controlar y planificar anualmente el crecimiento del potencial productivo para adecuarlo a la demanda y las medidas de desarrollo rural. Como es conocido, en el caso del Rioja existe un consenso para contener el crecimiento de masa vegetal, y desde hace cuatro años solo se solicita un mínimo de crecimiento del uno por ciento.

En la actualidad, el Consejo y el Parlamento Europeo negocian esa reforma por tercera vez, que incluye tres textos de reglamento -planes estratégicos, financiación y organización común de mercados agrarios- y el objetivo de la presidencia portuguesa es cerrar un acuerdo sobre los tres a lo largo del trimestre. Gobiernos y entidades han recordado durante esta negociación que tanto los aranceles que impone Estados Unidos a muchos vinos europeos como la pandemia del covid-19 han tenido un fuerte impacto sobre un sector que se encontraba en buen estado hasta hace poco y que ha augurado "años" hasta que se pueda volver al nivel anterior a la crisis.

. Cuando en el año 2007 la Comisión Europea impulsó una propuesta de reforma del sector vitivinícola europea saltaron todas las alertas. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja fue el primero en denunciar que la propuesta de liberalización de plantaciones a partir de 2014, que supuestamente atendía a criterios económicos de rentabilidad, tendría efectos desestabilizadores en las Denominaciones de Origen.La desvalorización de la materia prima conducirá a la destrucción de un tejido productivo económicamente saneado en la mayoría de las denominaciones de origen, que salvo excepciones no requieren de fondos comunitarios

Y no solo se trataba de la liberalización de plantaciones. La Comisión, además, pretendía equiparar indicaciones geográficas y denominaciones de origen, lo que deterioraría el patrimonio comercial generado por las denominaciones de origen' y supondría un engaño al consumidor, a quien dice defender. También se proponía equiparar el etiquetado de los vinos de calidad con los vinos de la tierra y recortaba las ayudas para la promoción del vino en el mercado interior de la Unión Europea, donde se concentran las dos terceras partes del consumo.

En 2008 continuaron las polémicas y la recién creada Conferencia de Consejos Reguladores se mostró unánime en contra de la liberalización de plantaciones prevista en la nueva Organización Común de Mercados del vino para el año 2015. Para ello se respaldó la creación de una Federación Internacional de las Denominaciones de Origen para ejercer adecuadamente la representatividad que legítimamente les correspondía en los foros de decisión institucionales españoles y europeos.

En 2012 Arantxa Tapia, la entonces diputada nacional del PNV, defendió en el pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley contra la liberalización de los derechos de plantación de los viñedos presentada por el grupo vasco. En ella se solicitaba al gobierno central un posicionamiento claro y rotundo en contra de la liberalización de derechos de plantación de viñedos. Arantxa Tapia recordaba entonces. "En más de una ocasión hemos reclamado un cambio en los planteamientos porque la liberalización de los derechos de plantación de viñedos a partir del año 2015 prevista por la Organización Común de Mercado, OCM, ha generado oposición en el seno de la Unión Europea".

Estos planteamientos en contra fueron demorando el criterio comunitario, lo que ha servido para reconducir la reforma, hasta que se ha logrado el consenso para llevar su aplicación a 2045, aunque todavía debe ser refrendado por el pleno de la eurocámara.