- Los últimos casos de okupación de viviendas en Gasteiz, en unos pisos sociales de Salburua y una casa familiar en Ali, han puesto sobre la mesa el desfase en el ordenamiento jurídico vigente y la eternización en el tiempo que supone adentrarse en la vía civil o penal como camino para recuperar la propiedad de los inmuebles. Al hilo de la reflexión hecha por el fiscal jefe de la Audiencia de Álava, en una entrevista en la emisora pública Radio Vitoria, sobre la presencia de “grupos organizados profesionales en la ocupación de viviendas” el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, se mostró ayer partidario de un “cambio de legislación” en la materia. La institución municipal sufre en primera persona los “largos y procelosos complejos” en los que está inmersa para tratar de recuperar viviendas ilegalmente habitadas en barrios como Olarizu, Errekaleor o el Casco Medieval de la ciudad. “Es el momento de cambiar la ley para dar más garantía a los propietarios”, espetó el regidor en su habitual comparecencia de los viernes.

Los caminos que se ponen a disposición de una administración como el Ayuntamiento cuando se concreta una okupación se orientan al “vía crucis” que supone elegir la vía civil, mientras que hacerlo por la penal es una puerta “cerrada para la administración”, desgranó Urtaran. Ante semejantes complicaciones los servicios jurídicos municipales están optando en los últimos casos, como en los que se han dado en Olarizu, por decantarse por la recuperación de oficio. Se trata de una vía administrativa en la que se notifica a los ocupantes ilegales la concesión de una fecha y plazo en la que deben abandonar el inmueble. “Es más rápido y ágil, aunque tampoco garantiza el éxito”, lamentó el jeltzale, tras explicar de forma somera el recorrido de este camino de reclamación en la que se ha adentrado la institución en los últimos tiempos. “Las resoluciones judiciales protegen más a quienes las okupan de manera ilegal que a los dueños del inmueble”, lamentó Urtaran con gesto serio.

Se refirió a esta atípica situación a casos de viviendas propiedad del Ayuntamiento ubicados en el Casco Medieval y que han sido okupadas de manera ilegal desde hace varios meses. Estos pisos estaban destinados a formar parte de un programa de Ensanche 21 para fomentar el alquiler entre el sector más joven de la capital alavesa y tras varios meses de espera y pelea jurídica no han sido todavía restituidos a su original propietario.

“La legislación vigente no ampara los derechos de los dueños”, significó Urtaran. El Consistorio mantiene una postura activa contra este tipo de actuaciones y sigue denunciados todos los casos de okupaciones que se producen en sus inmuebles, aunque ayer no pudo precisar el regidor el número de pisos municipales ocupados en la actualidad.

Al tiempo que reclamó ese cambio en la legislación vigente hasta la fecha, el primer edil gasteiztarra dejó también patente que ante nuevos casos de ocupaciones ilegales los vecinos de los inmuebles más cercanos encabecen cualquier tipo de reacción y respuesta. Este ha sido el caso que se ha dado esta semana en el barrio de Ali. La constatación de que un nutrido grupo de desconocidos entró por la fuerza en una casa sin que la Ertzaintza hiciera nada para impedirlo, motivó la unión vecinal con la celebración de varias concentraciones de protesta y que terminó con el desalojo del inmueble. “No hay que recurrir a la presión vecinal, este no es el camino”, aludió en clara señal a su desaprobación de este tipo de actitudes.

Últimos casos. En los últimos días han destacado varios casos de casas okupadas en distintos barrios de la capital alavesa. En varias informaciones recogidas por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA se ha reseñado la okupación de una casa familiar en construcción en Ali y de varias viviendas sociales en Salburua, donde los vecinos han denunciado continuos robos en trasteros y garajes.

Fiscalía. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava abogaba recientemente en una emisora de radio por el cambio de legislación para amparar a los propietarios de las viviendas okupadas. En Gasteiz, estos casos han sido recurrentes con situaciones en el Casco Medieval, en Olarizu y en Errekaleor, además de okupaciones puntuales en Abetxuko, Salburua o Zabalgana, entre otros puntos.

De ámbito municipal. Gorka Urtaran reconoce que los procesos judiciales, tanto en la vía civil como en el ámbito penal, para recuperar una vivienda okupada pueden llegar a ser un “vía crucis”, dada su complejidad y el tiempo necesario para ejecutarse.

Presión vecinal. Los casos de okupaciones liberadas por la presión vecinal en distintos puntos de la geografía vasca, incluida Vitoria, no convence al primer edil gasteiztarra. A su juicio, la vía de la confrontación no es la deseable. Insiste Urtaran en la necesidad de mejorar la legislación vigente para proteger mejor los intereses de los propietarios de las viviendas, que ahora padecen un calvario con cada okupación.