- Las instalaciones del antiguo colegio Pío Baroja, utilizadas durante los momentos críticos de la pandemia para acoger a personas en situación de exclusión residencial, cerrarán esta semana las puertas y sus usuarios pasarán a estar centralizados en el frontón de Lakua. El Departamento municipal de Políticas Sociales pretende aglutinar en este punto la atención y cuidados al colectivo de cerca de medio centenar de personas (53) que continúan allí cobijadas. Al mismo tiempo las respectivas áreas del Ayuntamiento y de la Diputación de Álava están elaborando los itinerarios personalizados para cada uno de ellos con el que salgan de esa situación de exclusión residencial. “El problema no es darlos techo, sino lograr elaborar ese itinerario”, concretó ayer el máximo responsable municipal de Políticas Sociales, Jon Armentia, durante la comisión de ayer.

El edil socialista salió al paso de los reproches lanzados desde EH Bildu y Elkarrekin Gasteiz en relación a este colectivo de personas y al recurso puesto en marcha por el Consistorio durante los momentos más duros del confinamiento para evitar que estas personas no estuvieran en la calle durante esas jornadas. Remarcó Armentia que de ese total de 53 personas únicamente 16 pernoctaban con asiduidad en la calle, mientras que el resto disponía de algún tipo de recurso como refugio, pero que tuvieron que abandonar por diversas causas y hacer uso de los equipamientos municipales.

Una vez que se han completado las diferentes fases de la desescalada y ha dejado de tener vigencia el estado de alarma toca ir analizando la situación de cada uno de ellos para buscarles un acomodo seguro. “Ha habido dos personas que han abandonado voluntariamente estos espacios para volver a la calle”, corroboró Armentia. En el resto de casos se está a la espera de definir el programa Lehen Urratsa, por parte de Cruz Roja, que puede acoger a una cantidad superior a las 30 personas y poner a su disposición una serie de viviendas como elemento protector. Otra decena de ellos pasan a depender directamente del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) al tratarse de una “situación grave de exclusión”, precisó el socialista Armentia.

Este planteamiento no fue del total agrado de los representantes de EH Bildu y Elkarrekin que consideraron como “no adecuada la situación de los servicios sociales municipales, previos a la crisis sanitaria”, cuestionó el abertzale Alberto Porras. En términos similares se posicionó Gema Zubiaurre al no observar la capacidad municipal de “dar una solución conjunta” a esta cuestión.

La crítica situación vivida desde mediados de marzo ha servido para que el Departamento de Políticas Sociales haya detectado 377 nuevos casos de vulnerabilidad entre personas mayores fundamentalmente. Esta bolsa de población, que ya se encuentra dentro del radar de acción del departamento ha aflorado como consecuencia de la intensa labor de contacto llevada a cabo en las jornadas de confinamiento. Hasta 11.530 personas mayores de 70 años se llegó a contactar por diferentes vías, telefónica fundamentalmente, para conocer su situación y necesidades urgentes. “De todos ellos han pasado a seguimiento de los servicios municipales 324 casos y otros 53 están ya siendo abordados por los servicios sociales de base”, precisó Armentia en respuesta a EH Bildu. A todos ellos hay que añadir otro medio centenar de personas que se les orientó hacia el tratamiento psicológico para sobrellevar las secuelas de soledad y falta de compañía derivadas del encierro en casa desde el 15 de marzo. Esta intensa labor de rastreo ha servido también para que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la capital haya abierto 89 nuevos expedientes en estos meses de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.