- El Colegio oficial de Enfermería de Álava se ha adherido a la querella interpuesta por el Consejo General de Enfermería contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y varios cargos de su Ministerio, así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores. La querella también plantea otros presuntos delitos, como la imprudencia grave, con resultado de lesiones o muerte.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Álava, Hosanna Parra Vinós, aseguró ayer que el origen de actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la comisión ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con covid-19 y “la oleada de contagios entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios y sanitarios de Álava”.
La querella, que se ha presentado por parte del Consejo General ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, realiza un amplio relato de los hechos acaecidos durante las últimas semanas, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio de Sanidad al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, “no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir recientemente la entrega de materiales defectuosos. Se refiere la organización colegial estatal, por ejemplo, a las mascarillas o a los test de detección del coronavirus sin fiabilidad suficiente.
En otro orden de cosas, el Juzgado de lo Social número 1 de Gasteiz ha dado la razón al sindicato de enfermería (Satse) y ha exigido a la OSI Araba, “con carácter inmediato, el cese en la reutilización de mascarillas y batas impermeables así como la rápida suspensión en aquellas conductas que se desvíen de las indicaciones y/o recomendaciones establecidas por las autoridades competentes en cuanto al uso de las mimas”. Según informó ayer Satse, la Justicia ha reconocido que “la salud laboral no se negocia ni se condiciona a razones de mercado”. Por ello, ha subrayado la obligación legal de proteger a la plantilla sanitaria, “creyendo necesaria la dotación de los medios preventivos necesarios y adecuados para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”, según hizo público la central.
