Vitoria. La Fiscalía, la Diputación de Álava y los abogados de los tres acusados en este proceso, entre ellos el exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia Eliseo Gil, estaban citados en el juzgado para escuchar las cuestiones que pudieran plantear y ver si era viable una conformidad, algo que no se ha producido, según han confirmado fuentes jurídicas.
Así, y tras esta vista, el juicio arrancaría el 3 de febrero y están fijadas diez sesiones.La Fiscalía de Álava pide un total de cinco años y medio de cárcel para Gil por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado, así como una multa de 7.200 euros.
La Diputación alavesa, que también ejerce la acusación en este caso, eleva la pena contra Gil a siete años y medio de prisión por sendos delitos continuados de daños y estafa. Su defensa reclama la libre absolución.
En el banquillo de los acusados también están un trabajador y un colaborador de Gil. Los tres serán juzgados once años después de que la Diputación presentara en 2009 la demanda que ha dado origen a este caso.
Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo. Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.
La Fiscalía solicita la misma pena de cárcel y multa que la de Gil para el empleado de Lurmen, Oscar Escribano. Además pide que ambos sean inhabilitados para ejercer cualquier tipo de trabajo en yacimientos arqueológicos.
Para el tercer imputado, Rubén Cerdán, la Fiscalía reclama dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado.El Ministerio Público reclama también que Gil y su trabajador indemnicen al Gobierno Vasco con un total de 285.600 euros por los daños causados en el patrimonio cultural y que los tres acusados abonen a partes iguales a la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.
