VITORIA. La investigación concluyó el pasado 26 de agosto, aunque ha sido este lunes cuando el Instituto Armado la ha dado a conocer a través de un comunicado.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por un vecino de Vitoria-Gasteiz a causa de un presunto delito de estafa continuada, que se inició en 2016.
Dos personas residentes en la capital alavesa, de nacionalidad española y paraguaya, han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables del engaño.
La Guardia Civil considera a ambos responsables de causar un perjuicio patrimonial al denunciante de más de 23.700 euros.
Al parecer, los investigados se valieron de la confianza depositada en ellos por la víctima para hacerle creer que eran poseedores de una herencia pendiente de cobro, por lo que le solicitaban cantidades de dinero para poder obtener la suma supuestamente heredada.
TASAS MENSUALES.Inicialmente pedían a la víctima liquidez para afrontar unas tasas periódicas mensuales de 400 euros, prometiéndole la devolución del doble de lo prestado cuando recibieran la supuesta herencia, en pago por las molestias causadas.
La víctima aceptó realizar "innumerables pagos" después de que los dos estafadores le remitieran unos documentos de falsas reclamaciones de pago emitidas por diversos organismos públicos, como la Policía Judicial de la Guardia Civil, el Consejo General del Poder Judicial, la Ertzaintza, la Agencia Española de Protección de Datos y la Diputación Foral de Álava, en las que se advertía sobre su posible ingreso en prisión si no realizaban los pagos requeridos.
Además de los más de 15.000 euros aportados por la víctima de sus ahorros y préstamos solicitados a empresas de créditos rápidos, los presuntos estafadores procedieron también a la venta y depósito en tiendas de compra-venta de varios de sus objetos personales, tales como teléfonos móviles, tabletas, un ordenador y diversas joyas, por un valor añadido superior a los 8.700 euros.
Todo ello generó en la víctima graves perjuicios psicológicos, al vivir en un estado de "desesperación absoluta", según ha explicado la Guardia Civil.
