vitoria - Kidetza, la federación de Euskadi para el apoyo integral en las crisis familiares, rechaza por “innecesaria” la modificación de la ley de custodia compartida que tramita el Parlamento Vasco para reforzar las medidas dirigidas a impedir que, en contextos de violencia de género o violencia machista contra las mujeres, pueda compartirse la custodia de los hijos e hijas con el progenitor incurso en un procedimiento judicial por esa causa.
La comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco acogió ayer la comparecencia de Kidetza para valorar la proposición de ley, propuesta por EH Bildu, que plantea una modificación de la norma encaminada a introducir y regular una serie de limitaciones para el ejercicio de la guarda y custodia por parte de los progenitores incursos en un procedimiento judicial por violencia de género.
La limitación para estos progenitores se concreta en la prohibición del ejercicio de la custodia compartida, así como en una restricción de las comunicaciones con los menores. Para ello, se plantea una modificación de varios artículos de la mencionada ley del Parlamento Vasco. Tras destacar que están de acuerdo en el objetivo de proteger el interés del menor, Kidetza propuso que no se proceda a la modificación de dicha ley sino que se cree una comisión que “analice el funcionamiento de la misma para posteriormente realizar, en su caso, las modificaciones oportunas”.
La federación vasca defiende que es “innecesario” modificar la citada ley porque cree que “está funcionando bien” y destaca que han aumentado las custodias compartidas en interés del menor del 25% en 2015 al 37% en 2017. Asimismo, destaca que la contenciosidad de las separaciones y divorcios ha ido “bajando progresivamente año tras año”, pasando del 19,7% en 2014, al 18,2% en 2017.
Kidetza cree que “no hay demanda ni social ni institucional para cambiar” la citada ley que, recuerdan, fue una iniciativa legislativa popular “apoyada por más de 85.000 firmas, con un apoyo expreso del 82% de la sociedad vasca” y con “pronunciamientos favorables” de las Juntas Generales, los ayuntamientos “más importantes”, Ararteko y el fiscal superior del País Vasco.
“La solicitud de modificarla no obedece a una demanda social ni a que en dicha ley no quede protegido el interés del menor en situaciones de violencia de género”, insistieron ayer durante su comparecencia en el Parlamento Vasco, donde propusieron la creación de una comisión que analice si en los procesos de divorcio, los derechos de los menores están “suficientemente protegidos”. - E.P. / Foto: DNA
