vitoria - La cruz de Olarizu, envuelta en un halo de polémica desde hace meses, forma parte del listado de elementos cuyo futuro depende de la manera en la que se aplique la Ley de Memoria Histórica. Pese a que originalmente no era un monumento franquista, ya que se erigió en 1952 a partir de una cuestación popular llevada a cabo entre los gasteiztarras, tal y como reiteró ayer mismo el alcalde de la capital alavesa. Sin embargo, acabó conteniendo un listado con los nombres de los sacerdotes afines al régimen muertos durante la Guerra Civil, lo que la convirtió en un elemento de simbología franquista.
Después de que la comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Vitoria analizara el caso concreto de este monumento y recurriera al consejo experto de la historiadora Virginia López de Maturana, el pleno aprobó no demoler la cruz, mantenerla en su actual estado y ubicación y, al igual que sucede con otros elementos, como la Catedral Nueva de Vitoria, instalar una placa que ofreciera toda la información necesaria para comprender el contexto histórico.
Aquella decisión fue la que precipitó los acontecimientos. El Consistorio comunicó sus intenciones a la Junta Administrativa de Mendiola, propietaria de los terrenos sobre los que se alza la construcción y subrayó su decisión de mantenerlo “contextualizado”. La idea no fue del agrado de los representantes del organismo local, quienes anunciaron que no darían permiso para colocar la placa y consideraron que ellos también debían opinar sobre el futuro de la cruz.
Ayer se hizo público que el pasado abril, los representantes de Mendiola resolvieron, en concejo abierto, el derribo del monumento. Asimismo, subrayaron su deseo de recuperar el castro de Kutzemendi, vestigio de uno de los primeros poblados alaveses que se descubrieron en Álava y fueron estudiados por primera vez en 1926 por José Miguel de Barandiaran.
A partir de ahí, la necesidad de llegar a un acuerdo. El Consistorio defiende que la cruz forma parte de la historia de Vitoria y explica que ubicará la placa en la Casa de la Dehesa, de titularidad municipal, por lo que no necesita del permiso de la Junta Administrativa. Ésta, por su parte, recuerda que en la votación realizada para decidir el futuro del monumento el 70% de los participantes reclamó el derribo. - A. B.