La justicia reclama sus derechos

Así, en los paros que cada jueves al mediodía han realizado en las escalinatas del Palacio de Vitoria se ha visto, entre otros, al juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, titular también del Juzgado de Instancia Número 5, al que, precisamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) premió en 2016 por ser el más eficaz del Estado. Todo un mérito obtenido gracias al “trabajo y a un buen equipo”.

Pese a ello, Núñez Corral, como explica, lleva tiempo reclamando una plaza de magistrado en la Audiencia de lo Provincial de la sección Penal, además de solicitar “reiteradamente” una sala específica de lo Mercantil y otra de Primera Instancia, para aliviar la carga de trabajo de los de familia. No en vano, para el juez decano “sería muy aconsejable crear esta nueva sala de lo Mercantil porque se agilizaría la carga de trabajo”. Un exceso de labor que reconoce él mismo haber sufrido: “He estado tres años haciendo un refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia, llevaba todas las cuestiones civiles de Primera Instancia, y la titular del Juzgado llevaba las cuestiones mercantiles. También llevaba una pequeña carga de derecho mercantil, pero es que era un juzgado que estaba desmesuradamente cargado porque ha tenido concursos de acreedores muy complicados y al final los casos se han extendido a lo largo del tiempo”. Por eso, considera que, una vez sobrepasada la crisis económica, y tras haber estado muchos años sin crear juzgados, “ahora sería un buen momento para retomar que el Juzgado de lo Mercantil tuviera competencias exclusivas en esta materia. Entendemos que Vitoria tiene una industria y una empresa importante, con un considerable núcleo poblacional, y está más que justificado que Vitoria tenga un Juzgado Mercantil”. Igual de necesaria es otra sala de Primera Instancia, “que absorbería la materia civil de los juzgados de familia; la materia civil del juzgado de lo mercantil y serviría también para aliviar el resto de juzgados civiles”.

Familia e incapacidades Otra sala que pide más medios es la de Cristina Navarro, juez desde marzo de 2016, de Instancia número 8 de familia, internamientos, incapacidades y tutelas. Una especialidad, como la califica, “un poco distinta” , en el sentido en el que hay más partes implicadas entre la parte demandante, la demandada y fiscal, además de la participación de un equipo psicosocial, al haber intereses de los menores de por medio. Y aparte, desde que está instaurado el Servicio de Mediación Intrajudicial, hay otros procedimientos. “Por lo tanto, los problemas que hay es que se puede dilatar el procedimiento, al participar bastantes personas y servicios y en los que hay que conjugar todo para que todo vaya bien”, aclara Navarro.

De ahí que reclame especializarse como juzgados de familia, incapacidades e internamientos y que el tema civil lo puedan asumir los juzgados de instancia puros. “Eso es la eterna batalla que tenemos los juzgados de familia”, remarca Navarro.

Respecto a la Oficina Judicial, asegura que falta personal, sobre todo por el “amplio volumen” de trabajo que tienen los juzgados de familia. “Y sí que estamos peleando porque necesitamos más funcionarios. Hay interinos a los que se les va renovando el contrato cada cierto tiempo y les necesitamos porque no sólo llevamos los procedimientos de familia, sino civiles, y los de incapacidad e internamientos”, destaca.

Respecto a incapacidades, Navarro detalla que dado que la población está envejeciendo más, esos procedimientos están en aumento, al igual que se amplía el número de salidas ante internamientos, de tipo urgentes, sobre todo. Por todo ello, necesitan, por lo menos, mantener los tres refuerzos que ya poseen, “porque si nos quitan los que tenemos en Vitoria, se cae un poco el sistema”. Un caos que ya comprobaron con la instauración de la nueva Oficina Judicial de Vitoria, “cuando vimos que hubo un colapso total en los juzgados de familia, con muchísimo retraso”.

Por su parte, el magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, Emilio Villalaín, tiene una “reivindicación básica” que es la de “intentar que la sociedad nos comprenda un poco o que sea consciente de que no somos la imagen que damos. Somos personas, que estamos en una profesión que nos gusta, pero que no es para hacernos millonarios, y estamos en una situación en la cual o conseguimos una modificación o vamos a tener que llevar a cabo una medida radical. Si el día 22 hacemos huelga es por una de dos: o nos plantamos, por esa sensación de que tu trabajo no se valora, o nos siguen ninguneando”.

Para Villalaín “si la gente de la calle, entendiera cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, la mayor parte del asunto de La Manada, independientemente de la interpretación de la sentencia, que se puede compartir o no, sería distinta”. En este sentido, cree que los mecanismos de información de la justicia “son manifiestamente mejorables”. Como ilustra, se podía haber explicado la sentencia de La Manada, “el por qué se dictó así o cómo se hizo, pero no sabemos capaces de hacerlo porque hay un problema de comunicación tremendo”, lamenta Villalaín, quien también reivindica más medios materiales y humanos. “El problema que hemos tenido siempre en justicia es que la inversión es mínima, somos la Cenicienta de los presupuestos. Aquí hubo un momento en que se hizo muy bien y es por eso que tenemos este Palacio de Justicia de Vitoria”, recuerda. Pese a ello, ahora se encuentran con sistemas informáticos no compatibles.

“Esto es como una especie de reino de taifas, es decir, cada comunidad autónoma ha creado sus programas a su estilo y el problema es que no coinciden. Nos puede pasar que intentemos una videoconferencia con Madrid y que no funcione porque su sistema sea distinto”, ilustra. Una falta de coordinación que, a su juicio, también se ve con la instauración del expediente digital, que “está teniendo muchísimos problemas de ejecución porque cada comunidad autónoma va a su ritmo, con unas, muy avanzadas, y otras, como aquí que optan por un periodo de reflexión. Si bien, este magistrado aplaude lo que está haciendo el Gobierno Vasco en este sentido, “al tener las cosas paradas hasta que tengamos una posibilidad”.

Independencia judicial Villalaín se queja también de la intervención de la política en la justicia, canalizada ésta a través de los vocales del CGPJ. “Ese sistema para nosotros no funciona. Nuestra primera reivindicación, en el nivel alto, es que nos dejen elegir a quienes nos toca elegir, que es una parte del CGPJ. Lo contrario, permite todo tipo de influencias políticas”, censura.

Otro pesar es la falta de medios humanos, “los jueces somos poquísimos, 5.000 en el Estado, cuando para tener un número razonable para hacer las cosas bien y con agilidad, tendríamos que tener casi el doble. Y no nos crean ni una sola plaza de juez nuevo ni un juzgado”.

Una calidad que se garantiza, en su opinión, con condiciones de trabajo buenas y una carga justa de trabajo. Pese a ello, “Vitoria da unos tiempos de respuesta que ya los quisiéramos en muchísimos sitios”. Pero aunque el sistema funciona, “va con resuello y llega un momento en el que vamos al límite”. Bien lo sabe él con las cláusulas bancarias porque, aunque se estableció un segundo juzgado de refuerzo, eso se apela. “En este trimestre casi casi damos los números del año pasado. Por ejemplo, esta semana he resuelto un asunto con el número 500, cuando el pasado año en septiembre había 600. El problema es que se nos va a triplicar el trabajo y somos casi los mismos”, declara.

Más trabajo pero peor remunerado desde la crisis, “cuando nos bajaron el sueldo más que a nadie y nos endurecieron tremendamente las condiciones de trabajo”. Y, para muestra, la baja por paternidad y los días de permiso, “que ni la mitad que cualquier otro funcionario”.