Vitoria - La Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social ha dado su primer tirón de orejas a la UTE que gestiona el transporte sanitario urgente en Álava, integrada por las empresas Larrialdiak y Ambulancias Maiz, a raíz de una denuncia presentada el pasado verano por un representante de los trabajadores de este sector. El organismo acaba de emitir un informe en el que corrobora la existencia de distintas “deficiencias” en las bases dispersas por el territorio histórico, requiere a la unión temporal de empresas que “proceda a subsanar” una decena de ellas y, además, propone sancionarla mediante la apertura de un acta de infracción tras constatar cinco “incumplimientos en materia preventiva” en los centros de trabajo. La autoridad laboral competente, en este caso el Departamento vasco de Trabajo y Justicia, será ahora la que determine a qué tipo de sanción se enfrenta la UTE y, si así lo estima oportuno, le impone también una cuantía económica atendiendo al régimen legal vigente.

La Inspección de Trabajo detalla en su expediente, fechado el pasado 22 de marzo y al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, cinco infracciones concretas por las que la UTE se expone ahora a la citada sanción. Los incumplimientos advertidos por el organismo se extienden a materias como la elaboración de una evaluación de riesgos en cada centro de trabajo, así como a la planificación preventiva derivada de la misma, o la adecuación de los sistemas de lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores de las bases. También, a aspectos como las condiciones materiales de los propios centros de trabajo -vestuarios, taquillas, aseos y condiciones termo higrométricas-, el sistema de lavado y descontaminación de la ropa de trabajo -en relación con los riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los profesionales- o “el orden y la limpieza” de los lugares de trabajo.

La Inspección, que depende tanto del Instituto Nacional de Seguridad Social como del Gobierno Vasco -Trabajo-, ha optado por extender una sola acta de infracción acumulando las cinco infracciones detectadas y ya citadas, atendiendo a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Además, insta a subsanar todas estas deficiencias y otras como el acondicionamiento de los cuadros y las instalaciones eléctricas de las bases, la entrega de equipos de protección individual (EPIs) y ropa de trabajo a los profesionales y el cumplimiento de la normativa en relación con los equipos a presión existentes en las bases, en alusión a las botellas de oxígeno.

La Inspección, por último, ha emitido también un requerimiento a la UTE para que proceda a exponer el calendario laboral de los profesionales en los centros de trabajo, otra de las deficiencias que detectó en sus visitas. Sin embargo, se inhibe de analizar o proponer sanciones por las deficiencias también denunciadas en su día por el trabajador, que pertenece al sindicato LAB, en las condiciones materiales de las ambulancias, al no ser de su competencia.

visitas desde septiembre Tras recibir los distintos escritos de denuncia, el organismo inició el proceso de inspección base por base el pasado 1 de septiembre, cuando visitó el centro de trabajo situado en Espejo. A ésta se unieron varias actuaciones comprobatorias respecto a las taquillas del centro de trabajo ubicado en Agurain y varias visitas consecutivas más a los puestos de ambulancias de Murgia, Laguardia, Zambrana, Laudio, al centro de trabajo de Legutiano, al puesto de Amurrio, y a los diferentes centros de Vitoria. La Inspección también se vio las caras posteriormente con la UTE, a la que solicitó diferentes documentos, y una vez recopilada toda la información procedió a adoptar las medidas ya descritas.

El área de Trabajo tendrá ahora la última palabra, pero la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales establece sanciones que, si van acompañadas de multa, pueden ir desde los 40 a 405 euros en el caso de las infracciones leves en su grado mínimo a las muy graves en su grado máximo que contemplan de 409.891 a 819.780 euros. Los representantes de los trabajadores esperan también respuesta a una denuncia paralela y muy similar interpuesta ante el Departamento vasco de Salud por distintos “incumplimientos” del contrato de gestión del servicio de ambulancias por parte de la UTE.

La denuncia. Un representante de los trabajadores del sector del transporte sanitario urgente, perteneciente al sindicato LAB, denunció ante la Inspección de Trabajo la existencia de numerosas deficiencias en las bases de ambulancias del territorio histórico. Varios meses después, y tras visitar los puestos de trabajo, el organismo ha procedido a redactar un informe donde corrobora varias de estas carencias.

La respuesta. La Inspección da cuenta de la existencia de distintas “deficiencias” en las bases, requiere a la UTE Larrialdiak-Ambulancias Maiz que “proceda a subsanar” una decena de ellas y, además, propone sancionarla mediante la apertura de un acta de infracción tras constatar cinco “incumplimientos en materia preventiva” en los centros de trabajo. El organismo, sin embargo, se inhibe de analizar o proponer sanciones por las deficiencias también denunciadas en las condiciones materiales de las ambulancias, al no ser de su competencia.

Infracciones. Los incumplimientos advertidos por el organismo se extienden a materias como la elaboración de una evaluación de riesgos en cada centro de trabajo, así como a la planificación preventiva derivada de la misma, o la adecuación de los sistemas de lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores de las bases. También, a aspectos como las condiciones materiales de los lugares de trabajo -vestuarios, taquillas, aseos y condiciones termo higrométricas-, el sistema de lavado y descontaminación de la ropa de trabajo -en relación con los riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los profesionales- o “el orden y la limpieza” de los propios centros.

Sanciones. El Departamento de Trabajo tendrá ahora la última palabra, pero la normativa en materia de prevención de riesgos laborales establece sanciones que, si van acompañadas de multa, pueden ir desde los 40 a 405 euros en el caso de las infracciones leves -grado mínimo- a las muy graves en su grado máximo que contemplan hasta 819.780 euros.