vitoria - El sector de Intervención Social retomará este próximo viernes 12 las movilizaciones para exigir la firma de su convenio sectorial, “bloqueado” por la Diputación Foral de Álava según los sindicatos representados en este sector (ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT) pese a existir un preacuerdo entre la patronal y las centrales desde el pasado verano. Será una concentración frente a la sede de las Juntas Generales de Álava, donde la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, comparecerá en la comisión del ramo a petición de EH Bildu, Podemos, Irabazi y Orain Araba para explicar la postura de su departamento frente a este conflicto.

A la protesta, primera de este 2018 tras un mes de diciembre especialmente movido en el sector, seguirán el martes 16 dos asambleas en el centro cívico Aldabe en las que los sindicatos informarán a las plantillas sobre los últimos movimientos de la negociación y se tomarán, si se da el caso, nuevas medidas de protesta. Hasta la fecha, los más de 1.000 trabajadores de empresas y asociaciones subcontratadas por la propia Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco han estado llamados a tres jornadas de huelga los días 13, 20 y 27 diciembre, movilizaciones que según aseguró ayer en comisión el responsable de Políticas Sociales en Vitoria, el socialista Peio López de Munain, tuvieron una incidencia “mínima” en los servicios de competencia municipal.

La patronal que integra a las empresas del sector de Intervención Social (AISA) y los sindicatos mantuvieron ayer una reunión en la que, según informaron fuentes sindicales, los representantes de los trabajadores volvieron a exigir la firma de su convenio. Cabe recordar que en el preacuerdo firmado el pasado 27 de julio ambas partes pactaron unos incrementos salariales del 2, 2,5 y 3% anuales hasta 2020 y una reducción de jornada de 28 horas, pero su aplicación sigue en el aire porque AISA no tiene la seguridad de que dispondrá de la financiación suficiente para cumplirlo. Una financiación que en muchos casos depende de un ente foral que defiende que un reciente decreto aprobado por el Gobierno central, la Ley de Desindexación de la economía española, obliga a las organizaciones y plantillas del sector a limitar su aumento salarial vía convenio al 1,5% este 2018, como sucede en el caso de los funcionarios.

postura diferente El propio Peio López de Munain, por cierto, cuestionó la aplicación de esta normativa en los convenios de Intervención Social al ser preguntado al respecto por el edil de Irabazi Gasteiz, Óscar Fernández. De hecho, el responsable de Políticas Sociales enfatizó que el borrador de presupuestos municipales para este 2018 recogía un incremento del 2% en los acuerdos de colaboración con las entidades del sector para “dar respuesta” a los aumentos de los gastos de personal contemplados en el citado preacuerdo, a diferencia de la postura del ente foral.

“Al tener conocimiento de esto -de que la Diputación sólo contemplaba el 1,5% de aumento- consultamos con los servicios jurídicos de la casa, con el Interventor y con todos los servicios que tengan algo que decir y se nos dijo que en este tipo de convenios esa ley no era aplicable. Por lo tanto, seguimos con nuestra idea de aplicar el 2%. No tenemos informe de ningún servicio técnico de este Ayuntamiento en contra de ello”, expuso el titular de Políticas Sociales, quien no obstante dijo estar “sorprendido” por la respuesta que han tenido las convocatorias de huelga. “Hay interés por generar conflicto en los servicios sociales”, remarcó.

Óscar Fernández, entretanto, instó a López de Munain a “no mirar hacia otro lado” y a que ejerza de “intermediario” con las partes, actuando “en la medida de sus posibilidades” para dar solución al conflicto. Consultada por este periódico, la representante de LAB en el sector, Nuria López de Uralde, aseguró que “no tiene ninguna lógica que la Diputación aplique una normativa y el Ayuntamiento no”.