Con una mano delante y otra detrás. Así es como prácticamente describe Kaleratzeak Stop Desahucios Araba la dramática situación en la que se quedan las personas después de que tengan que abandonar sus casas ante una ejecución hipotecaria. Es por ello que esta asociación de Vitoria, con sede en la Cuchillería, está cada vez más “preocupada” por cómo se lleva a la práctica el derecho a la alternativa habitacional de los 197 lanzamientos que se han producido en Álava durante este año, de acuerdo a los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de los que un 79% fueron por impagos de alquiler (156 casos).

El problema, como aseguran, es que pese a que sí que se reconoce la vulnerabilidad de las personas desalojadas, la realidad les ha demostrado que “no hay viviendas para darles” en alquiler público. En cambio, las muchas que hay en el sistema de renta privada son inasumibles para los desahuciados, debido a sus precios cada vez más elevados por la “especulación” en este tipo de pisos, imposibles de pagar con la ayuda de 250 euros mensuales que reciben los afectados, y a las “restricciones” de estos colectivos vulnerables, al ser discriminados por los arrendatarios.

“Nos encontramos con más familias desahuciadas por impagos de alquiler porque están subiendo desorbitadamente los precios de rentas privadas”, denuncia Begoña Bravo, interlocutora entre afectados y entidades financieras en Kaleratzeak Stop Araba, quien como añade en el 99,9% de los casos en los que se produce un lanzamiento no hay una alternativa habitacional, a excepción de que les acojan sus familiares o el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS) de Vitoria, donde ahora, por ejemplo, “tenemos allí una familia con un niño”.

La plataforma que representa, y que está integrada por militantes y afectados, interviene para que no se ordene el desalojo de ningún colectivo vulnerable sin que previamente se le garantice una alternativa habitacional. Este caso es el de la media docena de desahucios que ha conseguido paralizar alegando siempre un acuerdo de 2013 entre el Gobierno Vasco, Juzgados y Ayuntamientos y más, recientemente un dictamen de Naciones Unidas, de junio de 2017. Sin ir más lejos, esta misma semana Kaleratzeak Stop Araba detenía un desahucio previsto para este martes que afectaba a una familia con tres hijos menores en Vitoria quienes no podían pagar su piso de alquiler. “Notamos que suben mucho los desahucios por alquiler privado, cuando antes eran sólo por hipotecas. Otra prueba es el caso de Gato”, reitera su compañera, Manuela Fernández Martínez, encargada de la Comisión de Acogida, en referencia al lanzamiento que consiguieron aplazar apenas 20 minutos antes del comienzo de la operación prevista el pasado septiembre para esta familia, residente en Lakua, con dos hijos de 13 y 17 años, a su cargo. En esa ocasión, sus problemas de impagos se originaron en el momento en el que no pudieron pagar la hipoteca y recurrieron a un prestamista particular que les hizo firmar una serie de documentos que suponía un embrollo jurídico del que “era imposible salir”. El prestamista estableció que la familia propietaria les pagara “en negro” un alquiler de su piso de 950 euros al mes, que dejaron de pagar por asesoramiento de este colectivo.

Parque de viviendas La preocupación del colectivo Kaleratzeak por el derecho a la alternativa habitacional en casos de desahucios tiene que ver, en concreto, con que el parque de viviendas de gestión pública es “muy pequeño” y a la especulación de las rentas en el sistema de alquiler privado que, en su opinión, permite la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “Las viviendas en alquiler ya escasas se están reduciendo más debido a los propietarios que se marchan del programa Bizigune, donde cobrarían una media de 500 euros cuando en el alquiler privado recibirían el doble”, precisa Fernández. La renta media en éstas últimas ronda los 900 euros mensuales, inalcanzable para los que deben dejar sus casas.

Entre otras medidas, lo que ha hecho Kaleratzeak Stop Desahucios Araba este año es iniciar una campaña para rescatar a familias que perdieron su vivienda antes de 2012 y tienen deudas de por vida. Aparte, reclaman otras acciones, como generar una ley de vivienda, “adecuada a la indefensión de estas personas, ya que lo que hace casi es dejar al libre albedrío a las que no tienen alternativa habitacional porque cuando dejan la casa, reciben una ayuda de 250 euros con la que se tienen que buscar la vida”, insiste Bravo.

Para ellos lo que hay que hacer es construir más vivienda de alquiler social, ya que “se ha hecho sólo Vivienda de Protección Oficial (VPO) dedicada la venta, siendo el país de Europa con menos alquiler social con diferencia”.

Además, Kaleratzeak recuerda que lleva “mucho tiempo” pidiendo a las instituciones listados de viviendas vacías “a los que hacen oídos sordos porque siempre ponen excusan para no darlos”. Asimismo, solicitan que se haga efectiva la moción que firmó en 2015 el Consistorio de Vitoria para ser ciudad libre de desahucios.

suspensión hasta 2020 Respecto a las ejecuciones hipotecarias, Bravo resalta que “aunque en principio parezca que hayan disminuido, creo que es porque se han firmado muchos códigos de buenas prácticas”. Como ilustra, a raíz del Real Decreto Ley, de marzo de este año, se amplió la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para colectivos vulnerables, como los que tienen menores a su cargo, hasta 2020, de manera que hasta esa fecha sólo pagan intereses de ese préstamo. “Habrá que ver si en ese tiempo han podido rehacer sus vidas o si nos encontraremos con una explosión de desahucios”.

Por su parte, Mar Martínez, otra integrante de Kaleratzeak Stop Araba, resalta que las ejecuciones hipotecarias también bajan porque “hay procedimientos paralizados esperando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado y de intereses de demora abusivos”.