vitoria - El comienzo del fin de Garoña viene escribiéndose desde hace mucho tiempo, pero tuvo uno de sus puntos de inflexión claves hace justo hoy cinco años, a las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012. Fue la jornada y la hora exactas en las que el reactor de la central nuclear se paraba definitivamente tras 42 largos años de actividad y ésta se desconectaba de la red eléctrica. Este movimiento, que respondió fundamentalmente a razones económicas, no significó sin embargo el cierre definitivo de la planta, que fue decretado por el Ministerio español de Energía el 1 de agosto, pero de este año 2017. Todavía hoy, un lustro después de aquella fecha marcada en rojo en el calendario de la lucha antinuclear, la planta avanza en la lenta fase previa a su desmantelamiento, que no arrancará hasta el ejercicio 2020 si los plazos se cumplen. Y que se extenderá, como mínimo, durante cerca de siete años.

Desde que Garoña apagó su reactor, el futuro de la central ha estado marcado por los vaivenes políticos, las incertidumbres y un recrudecimiento de la batalla social contra su posible reapertura. El segundo punto de inflexión clave en este proceso llegó a mediados del año 2013, cuando Nuclenor solicitó al entonces Ministerio de Industria la revocación parcial de la orden que fijaba el fin de su licencia de explotación el 6 de julio de ese año. El giro de la propietaria de la central respecto al cierre, precipitado ante la imposibilidad de llevar a cabo una serie de costosísimas reformas, avivó con fuerza el fantasma del reencendido. La querencia por la energía nuclear del Partido Popular, de vuelta en el gobierno central, alimentó esas sospechas, que se convirtieron en realidad cuando el ejecutivo lanzó un decretazo por el que autorizaba que una central cuyo cierre se debiese a razones económicas y no de seguridad pudiera pedir una nueva renovación de su permiso de explotación, aun superando con creces la vida útil con la que fue diseñada.

Ésta llegó, como era de esperar, en mayo de 2014. Una solicitud para reabrir Garoña hasta 2031 sobre la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) primero y el Gobierno central después tendrían la última palabra. La petición decayó finalmente más de tres años después por iniciativa del Ejecutivo pese al visto bueno previo del CSN, que volvió a supeditar la autorización de reapertura a que la central llevase a cabo una serie de inversiones en materia de seguridad, muchas de las cuales seguían pendientes desde el accidente de la central nuclear de Fukushima.

Cuando a finales de marzo de este 2017 el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunciaba públicamente que la eléctrica no tenía interés en volver a operar la central y pidió a Endesa, su socio en Nuclenor, que desistiera en la petición para reabrir, la posibilidad del cierre comenzó a convertirse en una hipótesis real, pese a que Endesa nunca llegó a asumirlo.

El 1 de agosto, cuando anunció que el gobierno denegaba la autorización de funcionamiento, el ministro de Energía Álvaro Nadal justificó su decisión en que las inversiones requeridas serían muy significativas, en que se trataba de la planta más antigua del Estado en marcha y en que su aporte al sistema energético era muy poco significativo. Realidades de sobra conocidas por todos los actores de este proceso que se sumaron, además, al rechazo unánime de todo el arco político español a la reapertura. Y por descontado a la batalla social. La última manifestación contra Garoña celebrada en Gasteiz, que tuvo lugar el pasado 18 de marzo, reunió a más de 15.000 personas en sus calles.

basura radiactiva a córdoba Los trabajos previos al desmantelamiento de Garoña, que ha visto reducida sustancialmente su plantilla a base de prejubilaciones y recolocaciones, siguen estos días su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos días al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida en Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelameinto definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las centrales nucleares ya desmanteladas. Paralelamente, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años.

Esta misma semana, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha señalado ante la comisión de Energía del Congreso de los Diputados que en la decisión del cierre Garoña “nadie ha intervenido políticamente”, incluso que él mismo “no lo hubiera consentido” si así fuera. Martí defendió también ante los grupos el trabajo de los técnicos del organismo que, según apuntó, hicieron en este proceso “lo que tenían que hacer”. “Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo”, insistió Martí.