vitoria - Mientras las reuniones entre el gobierno foral y el PP continuaron ayer con una segunda toma de contacto, el diputado general, Ramiro González, se citará hoy con EH Bildu para conocer las propuestas de la coalición para su introducción en los presupuestos de 2018. Su portavoz, Kike Fernández de Pinedo, se mostró ayer poco optimista con la posibilidad de reeditar por tercera ocasión el actual acuerdo entre PNV y EH Bildu en la Diputación.

“No está en nuestras manos alcanzar un acuerdo presupuestario, pero tampoco parece que esté en manos de Ramiro González. No sabemos ni qué, ni quién ni dónde se negocia; parece más bien que le han impuesto un socio presupuestario”, lamentó ayer el portavoz de la coalición abertzale.

En su encuentro de hoy, EH Bildu trasladará al ejecutivo foral distintas enmiendas, entre las que destacan las relacionadas con las políticas sociales para, “con el objetivo de crear nuevas plazas públicas en el IFBS”, crear “más plazas públicas residenciales para personas mayores y permitir que los ayuntamientos gestionen directamente sus servicios”, planteando modificaciones en el presupuesto por un valor total de 14 millones de euros.

“Hemos denunciando en más de una ocasión el colapso en el que está sumergido el IFBS y la continua privatización tanto de los servicios como de las plazas residenciales. Con estos cambios pretendemos dar una vuelta al departamento que se come el mayor porcentaje de gasto de toda la institución foral”, resumió Pinedo.

EH Bildu plantea que los convenios que el IFBS usa para financiar a los ayuntamientos pasen a formar parte de la financiación de estas instituciones, lo que “supone incrementar en 9,7 millones la financiación de los ayuntamientos vía Fofel”. Además, se destinarían 2,5 millones a la creación de nuevas plazas residenciales, 1,5 millones para la rehabilitación de la residencia San Prudencio y otro millón para la creación de un nuevo recurso residencial. Esta partida “se compensaría con una reducción considerable de lo que abona la Diputación a las familias para financiar plazas en residencias privadas, que asciende a los casi siete millones anuales”. - D.O.