Vitoria - Sellado el acuerdo fiscal entre PNV, PSE y PP, las tres formaciones se centran ahora en certificar el acuerdo presupuestario para Álava que, de una forma u otra, forma parte del acuerdo en Euskadi alcanzado entre las tres formaciones.
Mientras en el Partido Popular insisten en separar el pacto fiscal y las cuentas de 2018 en el territorio alavés y aseguran que la negociación presupuestaria está aún “muy verde” -“Álava no es una moneda de cambio”, señala Ana Morales, portavoz del grupo juntero de los populares-, el diputado general, Ramiro González, apuntaba el pasado martes que no contemplaba un acuerdo fiscal en Álava “si no hay un acuerdo presupuestario. Ambos acuerdos van de la mano”, incidió. Por el momento, según señalan fuentes de ambas partes, la primera reunión entre el diputado general y la portavoz popular se desarrolló ayer “en un buen clima”, y en ella se habló tanto del Presupuesto de 2018 como de la recientemente pactada en Euskadi reforma fiscal. Hoy mismo está previsto que se produzca una segunda reunión.
Durante las negociaciones para la entente cordiale que permita a Álava tener de nuevo un presupuesto acordado en el tercer año de legislatura, tras los dos anteriores con EH Bildu, el Partido Popular ha establecido una lista de seis puntos fundamentales como eje sobre el que pivotan la mayor parte de las partidas que quieren incluir en el acuerdo económico.
El primero, “el impulso a la reactivación económica con medidas para la mejora de la competitividad de las empresa del territorio”, con acciones que potencien el tejido industrial alavés. La segunda, relacionada con Bienestar Social, incluye partidas para el desarrollo de la cartera de Bienestar Social y “actuaciones específicas adicionales” de las que se puedan beneficiar los mayores, así como dependientes y personas con discapacidad.
El tercer punto, explican desde la formación popular a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, busca la mejora de la red de transporte y regadío de la provincia y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras hidráulicas, además de las que el Estado tiene pendientes con la zona de Ayala según establece el actual pacto presupuestario en Madrid entre PP y PNV. En materia medioambiental, la formación liderada en las Juntas por Ana Morales ha propuesto al gobierno foral añadir nuevas partidas para la “prevención y protección de los montes públicos, ríos y otros ecosistemas alaveses de alto valor ecológico, medioambiental y paisajístico”.
La quinta condición es que los presupuestos cuenten con “propuestas concretas” de apoyo expreso a las víctimas del terrorismo y “medidas para declarar no subvencionables los proyectos vinculados a asociaciones de presos de organizaciones terroristas”. Precisamente, el PP informaba ayer de la resolución tomada por un juzgado de Vitoria que anula la subvención concedida por la Diputación a Sare, la red de apoyo a los presos.
El último punto sobre el que se desarrollan las conversaciones presupuestarias entre el ejecutivo foral y el PP tiene como protagonista la petición de los populares de introducir “medidas de mejora” de las condiciones laborales de los funcionarios de la Diputación “con especial atención a las prejubilaciones “, además de la “restitución de las condiciones económicas anteriores a la crisis”. Por el momento, los populares tienen de plazo hasta el 11 de diciembre para presentar en las Juntas las enmiendas presupuestarias que pretenden introducir a los Presupuestos para 2018, y la votación final en la Cámara debería producirse el 27 de diciembre.
Mientras tanto, a la espera de que se cierre el apretón de manos presupuestario, el acuerdo fiscal PNV-PSE-PP introducirá algunas deducciones en el IRPF específicas para el territorio alavés en Álava, como el compromiso de acometer una revisión del mismo de cara al año que viene, en lugar de en 2020 como en Bizkaia y Gipuzkoa, con medidas destinadas a evitar el despoblamiento rural en Álava y apoyar a las familias.
En los municipios alaveses de menos de 5.000 vecinos -todos menos Vitoria, Llodio, Amurrio y Agurain- los menores de 30 años tendrán un aumento del 20% en la deducción por compra de vivienda habitual para favorecer su implantación en los pueblos. Además, habrá más ayudas al transporte rural y las deducciones para los contribuyentes que tengan a su cargo hijos o personas mayores también aumentarán un 20%. También se mejorarán las deducciones por posesión de segunda vivienda.
