VITORIA - Los servicios jurídicos municipales no podrán interponer ningún recurso a la decisión acordada en el Pleno del pasado 23 de octubre, en el que la postura mayoritaria fue solicitar una consulta popular para cuestionar a la ciudadanía sobre la extensión del tranvía a Adurza y el campus de la Universidad del País Vasco. El propio alcalde, Gorka Urtaran, anunció su intención de recurrir esta decisión del Pleno, aunque ahora se topa con la imposibilidad de hacerlo utilizando los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento.
Únicamente pueden plantear un recurso los concejales que esa jornada votaron en contra de acudir a la fórmula de la consulta ciudadana y que son los cinco del PNV y los cuatro del PSE que votaron en contra. Sin embargo para llevar adelante su intención deberán hacerlo mediante abogados privados y externos a los que pertenecen a la plantilla municipal. “Después de la decisión y resultado de la votación en esa jornada del 23 de octubre, los propios servicios jurídicos municipales no pueden interponer un recurso contra una decisión adoptada en el seno del propio Ayuntamiento”, explicaron ayer fuentes municipales.
Este tipo de situaciones ya se ha dado en otras ocasiones en la vida municipal cuando concejales de los diferentes grupos políticos han optado por recurrir a abogados privados. Una de ellas fue el recurso de reposición interpuesto por representantes de EH Bildu contra la decisión del alcalde de adaptar la permuta del convento de Betoño para que tuviera uso privado per reportara al Ayuntamiento beneficio económico. - Jose L. del C.
