vitoria - Tirón de orejas del Síndico saliente al Ayuntamiento de Vitoria por desestimar hace dos años una recomendación en la que instaba al Consistorio a desarrollar un protocolo de actuación específico sobre actuaciones urbanísticas y realojos en viviendas del Casco Viejo de la ciudad. Una herramienta que, de haberse tenido en cuenta la advertencia del defensor vecinal y haberse desarrollado en su momento, hoy habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza a los regidores municipales y, sobre todo, a los residentes en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo. En aquél momento, el aviso de la oficina que aún lidera Martin Gartziandia instaba al Consistorio a elaborar un plan preventivo de actuación para los vecinos de inmuebles del Casco Viejo en situación de riesgo a partir de un expediente relativo al número 38 de Santo Domingo, igualmente amenazado de ruina, pero el gobierno municipal rechazó la sugerencia “de formas bastante discutibles” a su entender. Hoy, visto lo sucedido en los portales contiguos, Gartziandia insiste en la necesidad de preparar un programa de actuación con el que hacer frente a este tipo de situaciones críticas. “Lo que planteamos es que se apliquen a este tipo de situaciones los criterios que se venían aplicando en su día a los casos de ejecución hipotecaria, de desahucio”, manifiesta.
Hace ya dos años, cuando la oficina del Síndico atendió la reclamación de la residente, sus responsables se quedaron “atónitos” de que el Ayuntamiento careciera de un protocolo de respuesta ante este tipo de eventualidades. Después de una serie de circunstancias relacionadas con el mantenimiento del edificio, los técnicos municipales llegaron a la conclusión de que la seguridad del inmueble había quedado comprometida y dieron a la vecina un plazo inamovible de cinco días para abandonar su casa. La mujer tenía 83 años en aquél momento, llevaba décadas residiendo en su domicilio y no se encontraba bien de salud. A pesar de que se mostró dispuesta a abonar una renta ajustada a sus ingresos, el Ayuntamiento no le facilitó una alternativa habitacional, ni provisional ni definitiva.
En el año 2012, después de que el Ayuntamiento tratara de que se arreglara el edificio, la única vecina que aún residía en el inmueble -de cinco plantas- se dirigió por primera vez al Síndico en busca de ayuda. Sólo ella, el propietario de una lonja y una entidad financiera propietaria de una vivienda pagaban las cuotas de la comunidad, por lo que no había dinero para atender a los requerimientos municipales. Pese a la intercesión del defensor vecinal las multas del Ayuntamiento se siguieron acumulando, al igual que las filtraciones de agua de origen desconocido que acabaron por arruinar el estado de todo el edificio. Tras muchos tiras y aflojas, el Ayuntamiento le dio un plazo de cinco días para dejar la que había sido su casa durante la mayor parte de su vida sin ofrecerle alternativa alguna.
El Síndico asegura que “ni lo que sucedió con el portal número 38 ni lo que ha ocurrido con el 40 y el 42 surgen de la noche a la mañana”, pro lo que señala que “no nos parece de recibo que el Ayuntamiento deje en la calle a personas, sin poner en absoluto en cuestión el criterio técnico, sin disponer de un plan serio”. “Hay que determinar cuál es la problemática de las viviendas que puedan amenazar ruina y, prever el alcance de la problemática y planificar qué alternativas vamos a ofrecer a las personas que viven en esos edificios. Esto no se puede tratar como una cuestión individual porque la realidad en el Casco Viejo es muy compleja. Hay gente que ha querido acometer reformas y no ha podido, gente sin recursos, comunidades que no pueden dar con vecinos desaparecidos para hacer reformas...”, resume.
En opinión del defensor vecinal, ha llegado el momento de que el Ayuntamiento tome la iniciativa y señala que “si no agarra la sartén por el mango, nos vamos a encontrar con más supuestos como este”. “Lo que no se puede es, en 72 horas, derivar a familias de la casa en la que viven desde hace décadas a la agencia inmobiliaria a que se busquen un alquiler”, defiende. A la hora de plantear realojos, Gartziandia puntualiza que en algunos casos deberán ser provisionales y en otros permanentes. No defiende que deban ser gratuitos, sino ajustados a lo que corresponda en cada situación y, en este sentido, recuerda que tanto el Ayuntamiento como la sociedad municipal Ensanche 21 disponen de viviendas vacías “o al menos susceptibles de ser utilizadas”.
peritaje alternativo Ayer, el concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Peio López de Munain, se reunió con los vecinos de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo y con el responsable de la asociación vecinal Gasteiz Txiki, Manu Aracama. A primera hora, el Ayuntamiento ya había buscado una solución transitoria de realojo para todas las familias a excepción de dos, una de origen ecuatoriano y otra magrebí, ambas con niños, a cuyos integrantes se asignó residencia a lo largo de la jornada, antes de que se materializara el desalojo.
Tal y como comunicó Aracama al titular municipal, los vecinos estén preocupados por la seguridad de los pisos, ya que al abandonar los inmuebles a toda prisa han dejado atrás muebles y enseres personales de todo tipo. Además, reclaman un nuevo peritaje sobre el estado de los inmuebles. “La orden de desalojo se ha dictado tomando como base el informe técnico municipal, pero los vecinos tienen dudas sobre la urgencia de la situación y quieren una segunda opinión. Cuando se plantea un desalojo como este, en 72 horas, se presupone un riesgo inminente de derrumbe y ellos, en principio, consideran que no se dan estas circunstancias. Por ello, de cara a tranquilizarse y ganar en seguridad, quieren un nuevo peritaje”, aclara Aracama. Ya de lleno en las cuestiones más prácticas del desalojo, los vecinos trasladaron a López de Munain la necesidad de disponer de un recinto, una lonja o cualquier otro lugar cerrado, en el que depositar sus muebles mientras se solventa la cuestión de la seguridad de los edificios.
Aracama lamentó ayer la “falta de sensibilidad” mostrada por el Ayuntamiento con este proceso, ya que precisó que los responsables municipales conocían la situación de los portales “desde enero” y “en 72 horas no es posible llevar a cabo un desalojo de estas características en condiciones”. “Hablamos -detalló- de 12 familias con niños, con gente mayor, enfermos y personas con problemas de movilidad. Esto se les comunicó el viernes y pretendían que el domingo estuvieran vacíos los pisos, sin ningún plan de realojo inicial porque el Ayuntamiento ha reaccionado ante la indignación que han manifestado los vecinos y el apoyo que les brindamos desde la asociación Gasteiz Txiki y otros colectivos. Para desalojar a 12 familias hace falta un plan de realojo”.
Ejemplo de lo rápido que se han desarrollado los acontecimientos es el caso de una familia de Marruecos, que había viajado a este país para asistir a un funeral y se encontró, a la vuelta, con que ya no podían seguir residiendo en su casa.
Número 38. En 2012, la por entonces única vecina del número 38 de la calle Santo Domingo pidió ayuda al Síndico ya que el Ayuntamiento reclamaba la reforma del inmueble y no podía hacerse cargo de las obras.
Filtraciones. El problema del inmueble, causado como en el actual caso de los números 40 y 42, por filtraciones, no se solventó. El Ayuntamiento desalojó el inmueble en 5 días y aún permanece precintado. No ofreció posibilidad de realojo a la mujer, de 83 años, que llevaba viviendo en su casa más de 50 años.
El defensor vecinal reclama un protocolo para este tipo de situaciones que contemple realojos, provisionales o definitivos, y que establezca qué vecinos deben pagar rentas, así como las cuantías de las mismas.
El responsable de la asociación Gasteiz Txiki lamentó la “falta de sensibilidad” del Consistorio, que dio tres días para el desalojo de 12 familias en las que hay niños, personas mayores, enfermos y vecinos con movilidad reducida.
La plataforma alavesa antidesahucios denunció ayer la falta de coordinación entre los servicios municipales, la “falta de previsión de realojo” tras la orden de desalojo de colectivos vulnerables y la ausencia de “sensibilidad social” por parte de Urbanismo.
