Vitoria. La cita será a las 10.00 horas en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria y en esta primera sesión no está previsto que declaren los acusados, que son los cuatro administradores de Afypaida, la empresa matriz de este proyecto: Jesús Echave, Iñigo Antia, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio.
El objetivo mañana es determinar qué pruebas de las solicitadas por las partes se admiten y la organización de las sesiones posteriores del juicio.
La Fiscalía ha pedido que se declare culpable la quiebra de la compañía, que se imponga 10 años de inhabilitación a los cuatro administradores y que ellos y otras quince empresas vinculadas al proyecto devuelvan solidariamente los 15,7 millones que recibieron en ayudas públicas.
En su escrito de acusación, el fiscal considera que la "falta de rigor en el modelo de negocio" y su "descuidada actuación" al frente de una sociedad, que tenía como "único fin" el "enriquecimiento de los administradores", acarreó la "evaporación de fondos públicos" recibidos.
En concreto pide que la devolución de las ayudas públicas se haga de forma solidaria entre los cuatro administradores de Afypaida y quince empresas "cómplices" de la quiebra: Circuito Norte, Launorte, Universal Araba, Sociedad Alavesa de Inversiones, Constructora Lanbide Empresa Constructora, Basque Robot Wheels, Sapa Placencia, Sapa Operaciones, Maser, Denokinn, Innolavab, Vilau Media, Talleres Arakistain, Isoird y Luis Miguel Macías.
En el caso de estas sociedades "cómplices" el fiscal reclama que se "module" el importe que cada una debe devolver en función de su "participación e implicación" en la "insolvencia" del proyecto.
En total se exige la devolución de 15,7 millones de euros, que es la cuantificación de las ayudas públicas calculada por los administradores concursales. La mayor parte de ese dinero (14,7 millones) fue otorgado por el entonces llamado Ministerio de Ciencia e Innovación.
De hecho, la Abogacía del Estado, en representación de este acreedor principal, ha apoyado la petición hecha por el fiscal. También los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil piden que se declare culpable la quiebra.
Sin embargo piden dos años de inhabilitación y el pago de manera solidaria entre los cuatro administradores de 732.611 euros por los daños y perjuicios ocasionados. Fuentes consultadas han explicado que esta menor reclamación se basa en que difieren con la Fiscalía en el número de operaciones que consideran que fueron perjudiciales para la empresa.
Las ayudas restantes, calculadas en 974.500 euros según la administración concursal, fueron concedidas por el Gobierno Vasco, que no está personado porque, según ha explicado en anteriores ocasiones, no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.
Este proceso por la vía mercantil se suma a la vía penal abierta en otro tribunal vitoriano en la que la Fiscalía considera que los cuatro administradores de Afypaida habrían incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El fiscal también les acusaba de fraude a la Administración, pero el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria sobreseyó las actuaciones sobre este delito de fraude por entender que resultaba "insostenible" que de los hechos relatados pudiera inferirse un delito de fraude en la Administración. Este procedimiento está todavía en instrucción.
La Fiscalía mantiene en la causa penal que estas cuatro personas, junto a otros dos empresarios (Francisco Javier Calera y José Barreira), idearon un plan para apropiarse de fondos públicos con "el pretexto" de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko, que finalmente nunca se comercializó.
