Vitoria - El diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González, pidió ayer a PP y EH Bildu que actúen con “sentido común y realismo, en beneficio del país” a la hora de negociar la reforma fiscal, ya que, como recordó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Foral, en este territorio, al no tener mayoría, es necesario un acuerdo para sacar adelante una nueva norma foral que mejore el actual modelo fiscal, pactado entre PNV, PSE y PP y que está en vigor desde 2014.
Explicó González que lo que se pretende es hacer una revisión “armonizada” para que se produzca en “las mismas o similares condiciones” en los tres territorios. Por lo tanto, “lo que se espera es dar comienzo a ese proceso negociador que permita que cualquier modificación se apruebe con la mayoría más amplia posible, al no tener ésta en las Juntas Generales de Álava”, insistió el diputado general sobre este acuerdo que debería producirse a finales de este mes o a principios de octubre para que la reforma fiscal entre en vigor en 2018.
El dirigente alavés también subrayó que cualquier modificación tributaria debe responder a dos principios: garantizar un nivel de ingresos suficiente para mantener unos servicios públicos de calidad y asegurar la competitividad de las empresas. “A partir de ahí estamos dispuestos a negociar con todas las formaciones y tenemos todavía tiempo”, afirmó González, quien, en este sentido, lamentó que durante este verano tanto PP como EH Bildu “han querido marcar un perfil político” en esta materia y se han situado en “los extremos”. De ahí que el dirigente alavés considere que a la hora de sentarse a negociar, “primero realismo y luego sentido común”, ya que llegar a acuerdos en esta materia “es cuestión de talante y voluntad política”, máxime en “la importancia del momento político actual, a menos de dos años del fin de la legislatura, en el que cada partido marcará su posición para lo que queda de gobierno, ya sea constructiva o de desgaste”.
Las propuestas El PP aboga por bajar los impuestos, aunque “sabe que no es posible” mantener los servicios públicos con menos ingresos, y EH Bildu propone incrementarlos en más de 1.500 millones mediante la lucha contra el fraude fiscal (con lo que se conseguirían 1.000 millones) y con un “aumento significativo” de la tributación de las empresas, con lo que dejarían, a juicio de González, de ser competitivas.
Por ello, en su opinión, el partido que “quiera cuidar de los servicios públicos es un buen socio”, aunque asegura no tener preferencias entre un grupo u otro a la hora de negociar la reforma. Del mismo modo, “no es imprescindible” que la formación con la que pacte la reforma fiscal sea la misma con la que acuerde los presupuestos de 2018, aunque “tendría más sentido”. - A. S./Efe