MADRID - El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) por la multa de 602 euros impuesta a un periodista de Hala Bedi en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. En una carta enviada a la plataforma, la adjunta segunda de esta institución, Concepció Ferrer, informa del inicio de las “actuaciones oportunas” ante el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La PDLI presentó su queja el pasado 28 de julio, después de que Mikel Sáenz de Buruaga fuese multado con 602 euros por desobediencia o resistencia a la autoridad tras grabar una carga policial en el barrio de Errekaleor, a pesar de mostrar su acreditación de prensa. En ella señalaba que “las multas contra la libertad de información responden a un patrón: el de su camuflaje bajo infracciones genéricas”. - Efe
