vitoria - El largo desmantelamiento de Garoña tiene en el futuro de la plantilla de la central una de sus grandes patatas calientes, y parece que Nuclenor, propietaria de la central participada a partes iguales por las empresas Iberdrola y Endesa, no quiere dejar pasar mucho tiempo antes de poner sobre la mesa el plan para recolocar a los trabajadores que no formarán parte del proceso.
Las primeras conversaciones entre la empresa y los empleados se habrían iniciado ya con una primera propuesta, en la que la sociedad considera que la actual plantilla de 227 trabajadores deberá quedar reducida a unos 120 antes de final de año, para que estos sean los encargados de poner en marcha el proceso de desmantelamiento de la planta antes de que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, tome el control de Garoña allá por 2020.
El plan de recolocación y prejubilaciones se está debatiendo, según aseguró ayer el diario El Mundo, en el seno de una comisión mixta integrada por la empresa y los sindicatos, constituida el pasado martes con el objetivo de dilucidar el destino de esos 107 empleados antes de que finalice 2017.
Con un 45% de la plantilla de más de 57 años, la primera propuesta de Nuclenor incluye un plan de prejubilaciones para el personal de mayor edad y recolocaciones en otras instalaciones eléctricas de Iberdrola y Endesa para el resto. En principio, las recolocaciones se realizarían en función de la experiencia y capacidad de cada empleado cuando queden vacantes libres en otras centrales. Un proceso lento que podría llevar su tiempo.
Hace unos días, la portavoz de Greenpeace para asuntos nucleares, Raquel Montón, aseguraba que los trabajadores de la central tendrán su futuro “asegurado” para varios años, pese al cierre definitivo de la planta, al poder acogerse a las citadas prejubilaciones y traslados.
El problema, subrayaban los ecologistas, es la complicada situación en la que quedarán los empleados de empresas subcontratadas por Nuclenor, que algunas fuentes sitúan en torno a las doscientas personas, aunque la portavoz de Greenpeace se mostró convencida de que los servicios que prestan encajan en su mayoría con tareas que se tienen que seguir realizando durante el desmantelamiento, que se prolongará como mínimo más allá del año 2030.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, apuntó en su momento que Nuclenor había acordado con los trabajadores un plan social por el mantenimiento del empleo con prejubilaciones y recolocaciones tras acordarse el cierre definitivo de la planta, algo que el comité de empresa de la central desmintió posteriormente matizando que lo que existe es “una declaración de intenciones con mecanismos para negociarlo”. - DNA
