vitoria - Nuevo cara a cara entre la exprocuradora que acumula numerosas causas en los juzgados de Vitoria y Óscar de la Fuente, el abogado que trabajó con ella 15 años, hasta que descubrió que en muchos de los procedimientos en los que colaboraba con la acusada se cometían irregularidades económicas. El escenario del enfrentamiento fue el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria y aunque la cantidad que la Fiscalía asegura que la mujer se quedó no es elevada, 785,44 euros, la acusación particular, sustanciada en el propio De la Fuente, reclama 3 años de cárcel por apropiación indebida.

Los hechos ayer juzgados se remontan a 2012, año en el que una mujer que se había divorciado inició un procedimiento para liquidar la casa que compartía con su exmarido. Recurrió a los servicios de la exprocuradora y el abogado, quien logró que el juez no solo fallara a favor de la mujer sino que condenara al marido al pago de las costas judiciales. Es decir, que obligaba al hombre a pagar la minuta de la acusada y de De la Fuente.

Durante la vista, la acusación explicó que el hombre depositó 5.023 euros en una cuenta del juzgado y que la acusada los retiró íntegramente. Cuando al cabo de un año el abogado confirmó en el Palacio de Justicia que la mujer se había quedado con los fondos, le reclamó su minuta y ésta le entregó 3.778 euros en un talón.

Sin embargo, aún quedaba una cantidad pendiente de pago correspondiente a la tasación de las costas, fijada en más de 1.000 euros. Como dicho dinero se fue embargando poco a poco del sueldo del exmarido, la acusada hizo efectivos 20 mandamientos judiciales hasta retirar 785 euros. De la Fuente aseguró que, en este caso, se quedó con todo el dinero y sostuvo que hubo “mala fe”, ya que después de tener que reclamarle la entrega de su minuta, volvió a cobrar los citados mandamientos “hasta en 20 ocasiones”.

La defensa, por su parte, explicó que no hubo delito, ya que a la mujer le correspondían 468 de los 785 euros por el pago de su trabajo y que, en todo caso, faltaría por justificarse el pago de algo más de 300 euros, lo cual implicaría la comisión de una falta. Aunque la acusada afirmó haber entregado al abogado un talón por dicha cantidad, no pudo entregar un recibo que lo constatara. - A. Burdain