VITORIA - La ampliación del tranvía al sur de la ciudad no corre ningún peligro respecto a una hipotética paralización de los trabajos y goza de todo el respaldo y cobertura legal que se refiere a este tipo de medio de transporte. La consejera de Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, avaló con sus palabras y argumentos la extensión hacia Adurza y San Cristóbal del metro ligero, desmontando los pilares en los que centran sus reivindicaciones los componentes de la plataforma tranvíaNotaldea, que se oponen a esta infraestructura en las calles de su barrio. Precisamente, aprovechando la puesta de largo oficial de los trabajos, 15 representantes de la mencionada plataforma se ubicaron a las puertas de acceso a las cocheras y, coincidiendo con la entrada de la consejera, el alcalde y el diputado general de Álava a las instalaciones, arreciaron en sus gritos de protesta recordando su rechazo a este proyecto y agitando sus carteles naranjas.
ley de transporte ferroviario A la hora de corroborar la total legalidad de la extensión del tranvía en la capital alavesa, esgrimió Tapia la Ley de Ordenación Ferroviaria “a la que no está sometido el transporte tranviario” para tener que respetar la distancia mínima de ocho metros entre los convoyes y los edificios más cercanos. Recordó la consejera jeltzale, cómo para este tipo de tranvías, como el que va a acceder en verano de 2019 a Adurza y San Cristóbal, “se obliga a que solo haya un metro de distancia”, enfatizó Tapia. Recordó que estos transportes se rigen por los Planes Territoriales de Transporte y no están bajo la “Ley de servidumbre del tráfico ferroviario”.
Con esta explicación dejó sin argumentos a los representantes de Adurza y San Cristóbal, que hace un par de semanas alegaron este motivo. Recordaron esos vecinos contrarios al tranvía que, al menos, debe haber “ocho metros a ambos lados de la plataforma ferroviaria del tranvía, y un límite de edificación de 20 metros desde la vertical de la fachada del edificio hasta la arista exterior de la plataforma tranviaria”, expusieron el pasado día 16 de este mes. Sin embargo, Tapia dejó ayer bien claro que ese artículo esgrimido por tranviaNotaldea, queda sin efecto a la hora de aplicarse a los convoyes de tranvías que están enmarcados dentro de otra legislación diferente.
La intervención de la consejera de Infraestructuras se centró también en otro de los planteamientos hechos por los vecinos en los que se refieren a los plazos y tiempos para haber presentados alegaciones al proyecto. “Ha habido tiempo para que, tanto vecinos como colectivos afectados, hayan podido realizar sus alegaciones”, concretó Tapia, tanto en las fases de elaboración del proyecto informativo como en la ejecución del constructivo.
Asamblea informativa El citado colectivo de vecinos de Adurza y San Cristóbal afectados celebró el martes una asamblea informativa en la que expusieron y explicaron el proyecto de llegada de los convoyes verdes a sus calles. Tienen además previsto continuar con las movilizaciones y recogidas de firmas, además de querer llevar a los tribunales este proceso.
Por otro lado, desde el grupo municipal de Podemos también se pronunciaron, mediante un comunicado, respecto a la puesta en marcha de todo el proyecto. La formación morada criticó la decisión del Gobierno Vasco de licitar las obras del tranvía al sur “sin haber disipado las dudas legales” que ha generado el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento de Vitoria y el ejecutivo de Lakua, ni haber “tenido en cuenta” las más de 3.000 firmas ciudadanas contrarias al diseño. “Nadie ha visto el proyecto constructivo. No ha existido un plazo real de consulta previa, como marca la ley cuando se produce una modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana. Ha faltado transparencia y ninguna institución ha sabido responder a la preocupación por los ruidos y la inseguridad que puede suponer la ubicación del ramal a menos de cuatro metros de viviendas con más de cincuenta años de antigüedad”, alertó el edil Juan Cerezuela.
Para Podemos, es “decepcionante” que el gabinete de Gorka Urtaran haya primado “las prisas por inaugurar antes del fin de legislatura” sin haber respondido a las incertidumbres legales ni escuchado las preocupaciones vecinales. No obstante, a la formación de los círculos no le ha sorprendido cómo ha evolucionado el proceso ni el resultado final. “Por desgracia, éste no es el único ejemplo en el que el gobierno interpreta el diálogo como escucharse a sí mismo”, censuró Cerezuela, en referencia a cuestiones como el desalojo encubierto del barrio de Errekaleor, la baja participación en el ecobarrio de Coronación o la tala masiva de árboles de Sansomendi.
Podemos recordó que el convenio municipal de diciembre de 2015 firmado por todos los grupos del Ayuntamiento contemplaba la “elaboración de un estudio para identificar las prioridades de transporte sostenible de Vitoria y las mejores soluciones” que se pudieran encontrar “Todavía estamos esperando a que se haga un informe, concluyó su comunicado el grupo municipal de Podemos del Ayuntamiento.
Plataforma contra el tranvía. Algunos vecinos afectados por la llegada del tranvía a Adurza y San Cristóbal aducen que deben respetarse “ocho metros a ambos lados de la plataforma y un límite de edificación de 20 metros desde la vertical de la fachada del edificio hasta la arista exterior de la plataforma tranviaria”.
Diferente normativa. La respuesta de la consejera de Infraestructuras desmontó los argumentos defendidos por los vecinos. Recordó cómo los tranvías no están sujetos a los dictados de la Ley de Ordenación del Transporte Ferroviario que se exige a los trenes. El metro ligero, como el que se va a extender a la zona sur de Vitoria, está sujeto solo a los planes territoriales de transporte que requieren “un metro”.
