Vitoria - La violencia machista tiene un componente de “invisibilidad” añadido cuando se ejerce contra las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, lo cual dificulta su identificación. Así lo constata, por ejemplo, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer elaborada en el año 2015, donde de refleja que el 1,7% de las mujeres han sufrido en alguna ocasión violencia por parte de sus parejas o exparejas, una tasa que se dispara hasta el 5,4% cuando éstas padecen discapacidad intelectual, física o sensorial. Con estos “preocupantes” datos en la mano y con el objetivo añadido de adaptarse a las exigencias del nuevo Plan foral de Igualdad, la Diputación Foral de Álava va a implantar de forma “inminente” un protocolo específico para prevenir, detectar y actuar ante los casos de violencia de género que se produzcan en sus centros de discapacidad: Los ocupacionales, los de día y los residenciales, tanto los que dependen de forma directa del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) como los de gestión indirecta, que a día de hoy acogen a cerca de 400 vecinas del territorio.

Según enfatizó ayer la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, el protocolo aglutinará “el enfoque, las herramientas y las pautas de actuación” con las que contarán los profesionales de estos recursos, una suerte de manual contra la violencia machista que les ayudará a identificar mejor los posibles casos y a tomar las medidas necesarias para atender a las mujeres que la sufran en todos los niveles, tanto psicológico como médico, sociofamiliar, económico y jurídico.

Olabarrieta remarcó que en los centros de discapacidad dispersos por el territorio “siempre se ha estado alerta” a la hora de detectar este tipo de episodios, pero que con esta nueva herramienta se dará un paso adelante para “visibilizarlos” y “sensibilizar a la sociedad de su existencia”, más cuando la “vulnerabilidad” de las mujeres con discapacidad es mayor de quienes no la padecen. Los motivos, que por lo general tienen menos formación y menos recursos que los hombres con discapacidad, por lo que sufren una mayor “dependencia” a ellos. “Con esta herramienta, las y los profesionales podrán actuar de una manera más eficaz y eficiente en la prevención, la detección precoz y la intervención” ante este tipo de casos, anheló la titular de Servicios Sociales. “Se trata de no pasar por alto ningún indicio o sospecha de una agresión. De ser proactivos y tener una antena para detectar todas estas situaciones”, añadió, por su parte, Belén Santamaría, psicóloga del IFBS y una de las redactoras del protocolo, que ha contado con el apoyo técnico de una firma especializada externa. La Diputación carece a día de hoy de datos sobre los casos de violencia machista que han podido darse en estos recursos asistenciales en los últimos años.

proceso en marcha Según detalló Blanca Arrázola, subdirectora técnica del área de Discapacidad, el protocolo ha comenzado a presentarse ya a los equipos técnicos de los servicios de discapacidad de gestión directa, tales como las residencias Etxebidea y Goizalde, los centros de día y los centros ocupaciones del IFBS. Posteriormente, la herramienta llegará progresivamente a los recursos de gestión indirecta, procesos que se sumarán a la formación “general y específica” de todas los agentes que tienen relación con las personas que sufren discapacidad y son atendidas en los recursos forales: Sus propios profesionales, los familiares, otros servicios especializados y los usuarios. Un primer paso fundamental para avanzar en la correcta detección de los casos y la intervención posterior.

Cinco objetivos. El flamante protocolo tratará de prevenir la violencia machista a través de la “sensibilización, la información y la formación” de todos los agentes: profesionales del área de discapacidad, familiares, servicios especializados y personas atendidas. Además, nace para detectar e identificar este tipo de episodios, “valorando el nivel de gravedad y la urgencia en la atención”; actuar con las medidas de “protección, recuperación y prevención” elaboradas para cada caso concreto y utilizando todos los recursos disponibles; derivar y acompañar a los servicios especializados a las mujeres que sufren violencia; y realizar un seguimiento y evaluación periódica del plan de atención, “adaptándolo” en virtud de sus resultados, según la Diputación alavesa.