Vitoria. La sentencia ha sido dada a conocer hoy por los sindicatos ESK y CGT, quienes presentaron junto a ELA y LAB un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria, que desestimó la demanda presentada por los sindicatos.
Los paros de dos horas y media se convocaron los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2015, 18 de febrero, 4 de marzo, 18 de marzo y 4 de abril de 2016.
El 26 de noviembre de 2015, primer día de las convocatorias, el comité de huelga hizo un recorrido por los diferentes talleres pero no pudo desarrollar correctamente sus funciones por el gran tamaño de la fábrica, en la que trabajan 3.200 personas y que está dividida en cuatro secciones, con distintos talleres de producción.
Por ello pidió de cara a la siguiente jornada de paro del 3 de diciembre que el comité de huelga, compuesto por 12 delegados sindicales, visitara la fábrica dividido en varios grupos, petición que fue rechazada por la empresa.
El comité de huelga denunció esta negativa ante la Inspección de Trabajo de Álava en diciembre de 2015, que se declaró sin competencias sobre esta cuestión y más tarde ESK interpuso demanda judicial a la que se sumaron CGT, ELA Y LAB.
El Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria desestimó el pasado mes de enero esta denuncia, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a los sindicatos al entender que el comité de huelga, "como garante de los intereses de los trabajadores", no puede "quedar limitado" en sus funciones y considera "legítima" su pretensión de recorrer la fábrica dividido en varios grupos.
ESK y CGT consideran que este fallo es "un paso importante" ya que les garantiza que podrán seguir haciendo "una labor eficiente".
Han recordado que estos paros se convocaron por la falta de negociación de la dirección de Michelin para consensuar un nuevo convenio.
El problema, a juicio de estas centrales, no fue solo que el comité de huelga quisiera recorrer la fábrica dividido en grupos, sino que la empresa "intentó siempre poner trabas, incumpliendo la legalidad" y no dejando que hablasen con los trabajadores para preguntarles si estaban cumpliendo los servicios mínimos, han concluido.
