La tramitación del nuevo programa de prestaciones económicas municipales está retrotrayendo estos días al Ayuntamiento de Vitoria a los compases iniciales de la actual legislatura, cuando los grupos que obtuvieron representación en las últimas elecciones unieron sus fuerzas contra la opción más votada, el Partido Popular, para desalojar a Javier Maroto de la Alcaldía. La recuperación por parte de los populares del discurso del “efecto llamada” asociado a las ayudas, de la supuesta ausencia de control en su gestión o de la conversión de hechos puntuales en generalidades ha bastado para que el bloque que en su día convirtió en alcalde a Gorka Urtaran vuelva a caminar de la mano y deje aparcadas, al menos en este ámbito, las fuertes desavenencias que han marcado su relación en los últimos meses, con la reciente negociación presupuestaria como punto álgido. Un claro ejemplo se vivió ayer, durante la primera jornada del debate de enmiendas a este nuevo catálogo de prestaciones, que escenificó la soledad del PP en su defensa de un modelo alternativo al que impulsa el ejecutivo municipal, calificado de nuevo por su portavoz, Leticia Comerón, como la “RGI vitoriana de Urtaran”.

El debate fue largo, mucho más de lo que se pensaba en un principio -quedaron pendientes para hoy el debate de 19 enmiendas parciales a la ordenanza-, y también bronco y áspero en muchos momentos, cuando los dos grupos que conforman el Gobierno (PNV-PSE) y los otros tres de la oposición (EH Bildu, Podemos e Irabazi) recriminaron los argumentos empleados por los populares para defender su propuesta, plasmada en la única enmienda a la totalidad del texto, a la postre rechazada por las cinco formaciones.

El resto de enmiendas parciales presentadas por el PP -por ahora, las 12 debatidas ayer- fueron también rechazadas por unanimidad. Entre otras, las que pedían aumentar de seis meses a un año el plazo de empadronamiento para acceder a estas prestaciones, salvo en el caso de las ayudas para alimentación y farmacia, o carecer de antecedentes penales. Por contra, sí que fueron aceptadas varias propuestas tanto de EH Bildu, como de Podemos e Irabazi, cerca de una quincena en total, varias de ellas además con el apoyo del propio ejecutivo. La más relevante, que por contra sí fue rechazada por PNV y PSE y salió adelante gracias a la abstención del PP, tuvo el sello de Irabazi, y a expensas de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza en el Pleno de este viernes 24 eliminará el requisito de los seis meses de padrón para acceder al comedor social de Desamparados, que era una de las novedades del flamante programa.

criterios técnicos El debate de la enmienda a la totalidad del PP con el que se abrió la sesión sirvió para que todos los grupos fijaran con claridad su posición en torno al nuevo programa de prestaciones, que según recordó el titular de Políticas Sociales, Peio López de Munain, atiende en todo caso a criterios técnicos y no políticos y trata de dar respuesta a una normativa “obsoleta”, datada en la recta final de la pasada década de los 90.

Comerón, que defendió la propuesta general de su grupo y luego cedió el testigo a su portavoz en Políticas Sociales, Ainhoa Domaica, se mostró sin embargo “absolutamente convencida” de que esta ordenanza “sería rechazada en una votación directa” de los vecinos porque “elimina el control en la gestión”, “promueve el efecto llamada” y la “cronificación en el cobro” de las ayudas, “al no exigir como requisito ni la inscripción en Lanbide ni la búsqueda activa de empleo”. Según la portavoz del PP, el Gobierno municipal está “más preocupado en atender a personas que no buscan trabajo ni tienen padrón” en la ciudad y “olvida a un gran número de ciudadanos en Vitoria en situación de necesidad”, como algunos autónomos o vecinos con bienes invendibles.

La idea defendida por los populares de que hay “yihadistas” o “violadores” cobrando ayudas sociales y que Vitoria “no puede permitirlo”, unida a la propuesta de solicitar el Certificado de Penales, despertó las mayores críticas desde la oposición... y también el Gobierno. “No sigan utilizando medias verdades y afirmaciones falsas para defender su posición”, sostuvo López de Munain, quien insistió en que es el PP quien se ha “inventado” el supuesto efecto llamada. “He tenido que parar a algún funcionario para que no viniese aquí a ponerles de vuelta y media después de lo que están leyendo en prensa”, llegó a espetar el concejal a Domaica.

También se expresó con contundencia la concejal de EH Bildu, Ane Aristi, quien acusó a los populares de seguir “viendo yihadistas” donde su grupo ve “exclusión social”, censuró las “mentiras” de la formación conservadora en este debate y se reafirmó en la maniobra de la mayoría del Pleno que permitió sacar a Maroto de la Alcaldía hace ya cerca de dos años. “Basta ya de criminalizar y estigmatizar al eslabón más bajo de la sociedad”, criticó Aristi. La edil abertzale defendió que la propuesta presentada por el gobierno municipal es más “ambiciosa” que la que hay ahora, porque “fomenta y trabaja” la autonomía personal de los perceptores, e insistió en el trabajo “en positivo” para enriquecerla durante este debate.

Las críticas a la postura popular también llegaron de boca de Nerea Melgosa, otra integrante del gobierno municipal, que calificó como “muy feo” el hecho de que este partido “diga que las trabajadoras sociales no controlan”, y criticó a Comerón porque “cada vez que habla sube el pan”. Entretanto, Juan Cerezuela (Podemos) censuró al PP por haber vuelto “a traer el discurso de la derecha más rancia” a Gasteiz, “que pone el foco sobre los pobres”, mientras que Óscar Fernández (Irabazi), en esa misma línea, criticó que “el único efecto llamada es el efecto llamada a la pobreza que ha provocado el PP”, de quien dijo que defiende una política de “Trump a la vitoriana”.

El debate de enmiendas se reanudará esta misma mañana y a él seguirá el de la ordenanza de prestaciones vinculadas al servicio.