Vitoria - La Diputación llevará al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi la reforma de la norma foral de Plusvalía en la que se encuentra trabajando con el objetivo de alcanzar la “armonización” de este impuesto entre los tres territorios, partiendo del documento que elabore la institución alavesa. El diputado general, Ramiro González, prefirió ayer “no dar plazos” para su confección definitiva, aunque el pasado viernes el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, instaba al ejecutivo foral a elaborar la reforma cuanto antes.

“La Diputación está trabajando en el texto desde hace semanas con rigor porque nos planteamos no sólo solucionar los casos en los que existe minusvalía, que es a lo que nos obligan las sentencias que se están dictando, sino también para resolver la situación generada de un impuesto que, por su planteamiento actual, no es justo, porque no grava realmente el incremento del valor de los terrenos”, incidió González.

Sobre la petición de Urtaran de acelerar los plazos lo máximo posible, el diputado general subrayó que está “en contacto con el alcalde por este asunto” y que Urtaran “sabe que la Diputación está trabajando en una solución definitiva”. “La totalidad de los ayuntamientos del territorio tiene interés en ello”, indicó sobre los cambios en un impuesto de plusvalía que “ni siquiera responde a su nombre, porque no grava de forma real el incremento de la Plusvalía sino que está gravando el valor catastral del terreno en el momento actual”.

En la actualidad, sólo el Consistorio vitoriano gestiona 244 recursos “vivos” en vía administrativa relacionados con este gravamen, de los que 103 se corresponden con viviendas en las que, según los cálculos efectuados por los técnicos del Departamento de Hacienda, no se ha producido incremento de valor en la transmisión.

plataforma Por su parte, la denominada Plataforma por un IBI justo y equitativo recordó en un comunicado que “diversas asociaciones vecinales y particulares” ya presentaron el pasado mes de junio “un escrito dirigido al alcalde donde se recordaba el sobrecosto de la valoración catastral en más del 35% y la situación de bajada de los precios reales de las viviendas, con lo que no tenía ningún sentido aplicar plusvalías en ventas, en herencias y otros actos por considerar que esto va contra el principio constitucional de capacidad económica”. El colectivo remarca que por aquel entonces ya apuntaba que “una sentencia de la Audiencia Provincial de Araba declaraba este impuesto como no lícito e instaba a la devolución del impuesto cobrado”. “La ciudadanía debe saber que tiene derecho a reclamar la devolución del impuesto de Plusvalía cobrado indebidamente”, concluye la plataforma. - D. Ortega