vitoria - Desde un principio, esta historia que comenzó con un robo en agosto de 2014 y que terminó ayer con un acuerdo de conformidad a contrarreloj en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, vino marcada por lo rocambolesco. Los acusados, tres jóvenes vecinos de la capital alavesa, lograron eludir dos años de prisión gracias al pago de 550 euros y a una conjunción de acontecimientos a priori poco probables.
Los hechos que habían de juzgarse ayer en la capital alavesa se originaron en el verano de hace tres años en un piso del barrio de Adurza. Dos veinteañeros, un chico y una chica, se colaron en una vivienda con el ánimo de robar. Para ello, él asestó una patada a la puerta y, directamente, la derribó. Al parecer, ambos tenían claro lo que andaban buscando: 16 plantas de marihuana que el dueño del piso cultivaba y que se hallaban en el momento óptimo para, o bien ser recolectadas o bien para ser sustraídas.
Optando por la segunda alternativa, la pareja cargó rápidamente las plantas en unas mochilas y abandonó el escenario del robo a toda prisa. Quiso la casualidad que una patrulla de la Ertzaintza les observara cuando salía del edificio y que, poco después, cuando las emisoras policiales comenzaron a dar cuenta de lo sucedido, los agentes ataran cabos y concluyeran que los dos chavales que habían visto salir del inmueble eran los sospechosos.
No tardaron mucho en darles caza y en requisar el botín verde. Cuando les interrogaron por lo sucedido, los arrestados incriminaron a un tercer joven en el asunto. Un chaval que, presuntamente, les había conducido hasta el lugar en el que se encontraba la marihuana y que había salido de escena antes que ellos.
Aunque ellos no eran conscientes de lo que acababan de hacer, las autoridades sí. Ayer se les juzgaba por un delito de robo en casa habitada, hecho tipificado como “muy grave” por la legislación y que va aparejado a una condena de entre 2 y 5 años de prisión. Una situación tremendamente delicada para los tres jóvenes.
Para su fortuna, el fiscal puso sobre la mesa una oferta difícilmente mejorable: pago solidario de 550 euros en concepto de indemnización que irían a parar al propietario del piso asaltado -otro joven que acudió a la vista acompañado de su familia- y una pena mínima de dos años que no habrían de cumplir si carecían de antecedentes penales.
Pero uno de los acusados sí tenía antecedentes. De hecho, salió de la cárcel en enero a resultas de otro asunto legal, pero los informes de buena conducta y su actual expediente académico se tuvieron en cuenta, de forma que la oferta seguía, contra todo pronóstico, en pie. Sólo quedaba que los tres abonaran los 550 euros antes de que cerraran los bancos y el asunto quedaría resuelto. Tenían algo más de una hora para ello.
Mientras abogados, juez y fiscal celebraban otro juicio en la sala -el último de la jornada-, dos de los tres jóvenes consiguieron su parte del dinero -comentaron en la sala que iban a vender un televisor para hacer frente al pago- y llegaron a tiempo con los justificantes del banco. El tercero, que no tenía teléfono móvil, dinero ni, según afirmó, nadie que pudiera prestárselo, no pudo cumplir con el trato. Aquello podía salpicar a todos, de manera que los letrados de la defensa dudaban acerca del desenlace. Finalmente, cuando se retomó la vista, los acusados se comprometieron ante el juez a abonar lo que restaba y pudieron respirar aliviados. Esquivaron la cárcel por minutos.