vitoria - Tres de los siete paquistaníes acusados de formar una banda que llegó a cobrar 469.295 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) utilizando documentación falsificada, negaron pertenecer a dicha red y haber falsificado documentos. Ayer tuvo lugar en la Audiencia de Álava la primera sesión del juicio contra tres de los supuestos miembros de esta banda, ya que los otros cuatro han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo por el que han sido condenados a cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, en el caso de dos de ellos ya se ha acordado sustituir esa pena por la expulsión de España, una medida que el tercero solicitó ayer. Junto con ellos habrían participado en esta trama otros compatriotas suyos, entre los que figuraría el jefe de la banda, que no han sido localizados.

La Fiscalía y el abogado de la acusación particular en representación del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) del Gobierno Vasco, reclaman para los tres acusados ocho años de cárcel al considerar que entre 2013 y 2015 “urdieron” junto con el resto de procesados una estrategia para “obtener de modo fraudulento ayudas públicas”. Todos ellos, unidos entre sí por vínculos familiares, geográficos y culturales según el fiscal, fueron detenidos por la Ertzaintza en febrero de 2015 y se encuentran en prisión desde entonces salvo uno que ya ha sido expulsado al reconocer los hechos.

Dos de los tres acusados, para quienes la defensa pide la libre absolución, declararon ayer que llegaron a España en 2010. Negaron haber falsificado documentos o pasaportes y señalaron que conocieron al resto de procesados en Vitoria. Ambos solicitaron asilo en España alegando que son chiítas y que su vida correría peligro si regresan a Pakistán.

El tercer acusado llegó a España en 2005, cuenta con residencia legal en el país, ha desempeñado distintos trabajos y reconoció haber demandado la RGI entre 2009 y 2010, cuando carecía de empleo, pero negó haber solicitado otra ayuda con otra identidad y su fotografía.

La acusación considera que esta banda falsificó la documentación oficial exigida para acreditar tres años de empadronamiento en Euskadi con el fin de percibir la RGI, mediante pasaportes y certificados de empadronamiento “absolutamente falsos” en numerosas localidades vascas como Bilbao, Bermeo, Barakaldo, Gabiria, Llodio, Oion, Vitoria y San Sebastián. En la vivienda de Vitoria de uno de los procesados que ha admitido los hechos se localizaron útiles para crear la documentación amañada, así como libretas manuscritas con anotaciones de “muchas de las identidades falsas utilizadas, libretas de ahorro a nombre de esas filiaciones simuladas, varios pasaportes correspondientes a esas identidades creadas y expedientes completos de RGI a nombre de las mismas”.

Para la acusación, los hechos constituyen un delito de pertenencia a grupo criminal, otro continuado de falsedad en documento público y otro continuado de estafa agravada por los que pide 8 años de cárcel, pero que sean sustituidos por 10 de expulsión de España, además de una multa de 3.600 euros y una indemnización 469.295 euros a Lanbide en concepto de responsabilidad civil.

De los cuatro acusados que ya han reconocido los hechos ante el juez, uno ha pedido que no se sustituya la pena de cárcel por la expulsión de España debido a su arraigo y por temor a ataques en su país de origen por motivos religiosos ya que es chiíta, mientras que el resto son suníes. - Efe