vitoria - Los mayores de Vitoria tienen un peso específico dentro de la población de la ciudad, al componer este sector un 20% de la misma, pero según dio ayer a conocer Arabako Pentsionistak Lanean durante el turno de intervención popular en el Pleno municipal, adolecen de “espacios propios” en la ciudad que los represente. Por esta razón, el colectivo de pensionistas alaveses reclamó al Ayuntamiento un Observatorio Municipal de Personas de Mayores con el fin de atender y evaluar las distintas realidades y demandas de las personas con una edad igual o superior a los 65 años en la capital alavesa. “Era el primer punto de los cuatro que hemos presentado en el turno popular y los grupos municipales se han comprometido a estudiarlo”, explicaba satisfecho nada más salir de esta intervención el portavoz de los pensionistas alaveses, Iñaki Martín.
De llevarla a cabo, Vitoria se sumaría al listado de ciudades que ya han puesto en marcha esta iniciativa. Granada, por ejemplo, así lo hace desde 2004, y con éxito al concebirse el Observatorio como un órgano abierto y participativo para el análisis de las necesidades de los pensionistas, que sirve, además para el seguimiento y evaluación de las principales actuaciones y programas que se desarrollan en la ciudad.
De esta manera, se daría un impulso a las políticas sociales de la tercera edad al estar mejor coordinadas. No en vano, el Observatorio sirve como un punto de intercambio de información entre los agentes sociales, profesionales e instituciones que desarrollan su labor con las personas de más de 65 años. Y es que entre otros objetivos está orientar la planificación de los recursos; fomentar la coordinación e información entre los distintos profesionales y agentes implicados en la tercera edad; mejorar la calidad y la eficacia de los programas y servicios o proponer proyectos innovadores.
Además del Observatorio, Arabako Pentsionistak Lanean consiguió que la segunda de sus reivindicaciones de la moción, consistente en aliviar la carga fiscal que soportan los colectivos en riesgo de pobreza, saliese también adelante. “Hay pagos y tasas, como IBI, agua o basuras, que son inalcanzables para algunos ciudadanos, como los pensionistas, que son unos de los que más lo sienten”, denuncia Martín, miembro de este colectivo.
Pensión mínima Menos éxito, en cambio, tuvieron las otras dos propuestas de Arabako Pentsionistak Lanean, que reclamaban que la pensión mínima se establezca en 1.080 euros, además de crear en Euskadi un sistema propio de protección social. Cabe recordar que las plataformas vascas de pensionistas critican la pérdida de poder adquisitivo, mediante la congelación de pensiones, “que sólo crecerán un 0,25%, cuando el IPC rondará el 1,7%”. Por ello, piden elevarla a los 1.080 euros, unos ingresos mínimos, como dicen, para poder llevar una vida digna, pese a que la carta social europea plantea una cifra algo mayor (1.200 euros). “Solicitamos al Ayuntamiento que nos apoyaran en esta iniciativa que presentamos al Parlamento vasco para la creación de una iniciativa legislativa popular y que hicimos con el respaldo de 71.000 firmas (se necesitan 30.000 rúbricas mínimas de apoyo)”, precisa Martín.
Sin embargo, aunque los grupos municipales de EH Bildu, Podemos e Irabazi la aprobaron, finalmente no salió adelante, al votar en contra PSE y PNV y abstenerse el PP.
Lo mismo pasó con la cuarta solicitud de los pensionistas, que consistía en la creación de un sistema propio en Euskadi de gestión integral de las pensiones, protección social y dependencia. Y nuevamente sólo contó con los votos favorables de EH Bildu, Podemos e Irabazi. “Ha habido abstención del PSOE y PNV y el PP ha votado en contra porque supondría romper la caja única de pensiones de Madrid”, lamenta el miembro de Arabako Pentsionistak Lanean.
Creación de un Observatorio Municipal de Personas Mayores. El Ayuntamiento estudiará esta propuesta de Arabako Pentsionistak Lanean.
Aliviar la carga fiscal de los colectivos en riesgo de pobreza. El Consistorio la estudiará.
Pensión mínima de 1.080 euros. Propuesta rechazada.
Creación de un sistema propio de gestión integral de pensiones, protección social y dependencia. La demanda fue rechazada por no ser competencia municipal, entre otros motivos.
