vitoria - Los resultados de la votación no dejaron lugar a dudas. El 90% de los trabajadores de la contrata municipal de limpieza -la UTE formada por FCC y GMSM- certificó ayer en una asamblea celebrada en los locales de Agirrelanda su apoyo a la convocatoria de una huelga indefinida que, salvo inesperado acuerdo entre las partes, arrancará el 6 de marzo con unas consecuencias para la ciudad que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, definió como “nefastas”.

La llamada a las urnas del comité de empresa se saldó con un 80% de participación. Sólo un 7% de los operarios votó en contra de la huelga, mientras un 3% se decantó por la abstención. Confirmada la decisión, los trabajadores de FCC se desplazaron en masa de forma inmediata a la plaza de la Virgen Blanca, donde a las 12.30 horas se concentraron tras una pancarta en la que podía leerse el lema Txantaiarik Ez/No a los chantajes. Despedidos Dimisión. Una hora después, los representantes sindicales estaban citados a una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde de Vitoria, un encuentro en el que Urtaran les solicitó sin éxito que abandonen la convocatoria de huelga.

Tras la cita, el primer edil anunció que se reunirá también con los responsables de FCC y GMSM -en una fecha por concretar- para reclamarles “la recuperación de los puestos de trabajo fijos marcados en el contrato”. Y es que, según el pliego de condiciones, la plantilla debería alcanzar los 364 puestos indefinidos, pero actualmente se queda en 320.

Sobre la readmisión de los ocho despedidos, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los operarios de limpieza, el gabinete Urtaran señaló ayer simplemente que “la decisión” de contratarlos de nuevo “corresponde a la empresa”.

Con el reloj de la huelga en marcha, el alcalde, que el pasado viernes circunscribió el conflicto a “un problema entre la empresa y la plantilla” considera “imprescindible que ambas partes alcancen un escenario de diálogo y negocien la salida para este conflicto”. “El Ayuntamiento en ningún caso ha generado esta situación”, aseveró.

Desde el comité de empresa, en el que todos los sindicatos representados secundan las movilizaciones, su portavoz, Severino Ubierna, adelantó que los empleados de la UTE se concentrarán durante media hora todos los martes y jueves a las 13.30 horas frente a los locales de la firma en Agirrelanda.

Cuestionado por las consecuencias que esta huelga de limpieza tendrá en las calles de la capital alavesa, el portavoz de la plantilla reclamó comprensión a los vitorianos, que a partir del 6 de marzo comprobarán en las calles el alcance de una convocatoria de estas característiscas: “nosotros también somos ciudadanos, así que esto nos afecta como trabajadores y como ciudadanos. Tenemos la doble condición”.

Además de recordar que será el Gobierno Vasco el que determine, llegado el momento, los servicios mínimos a los que la contrata de limpieza deberá recurrir para minimizar el alcance de la huelga en la ciudad, el comité incidió en que el problema con FCC y GMSM “lo venimos arrastrando desde el principio, incumpliendo el convenio, hasta ahora que la situación es insostenible con los despidos”. “Esperemos que haya esperanza y esto se pueda arreglar”, confió Ubierna, representante de UGT en el comité.

suciedad Pese a los buenos deseos, la solución al conflicto no parece sencilla ni esperable, al menos a corto plazo, por lo que la imagen de una Vitoria con suciedad en sus calles y contenedores rebosantes de bolsas de basura se anticipa más que posible a día de hoy, tomando así el relevo a la última huelga de estas características, que se remonta a la anterior adjudicataria, Cespa, y a los tiempos de José Ángel Cuerda, en 1992.

“La ciudadanía no se merece una huelga de limpieza. Sería muy perjudicial no sólo para la ciudad, sino también para la empresa y los trabajadores. Exigimos a las partes que dialoguen para alcanzar un acuerdo que resuelva esta situación. Y si nosotros, como Ayuntamiento, podemos propiciar escenarios de entendimiento, lo haremos sin la menor duda”, aseguró Urtaran, que hasta al fecha ha abierto ocho expedientes sancionadores por incumplimientos a la UTE.

Con un contrato adjudicado por el exalcalde gasteiztarra, el popular Javier Maroto, con una baja del 10% frente al presupuesto estipulado, FCC y la vizcaína GMSM argumentan ahora, según admitía la semana pasada el concejal de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, estar sufriendo pérdidas económicas que alcanzarían los 3,1 millones de euros al año, además de justificar los despidos en el alto grado de absentismo en la plantilla. Un dato que enfrenta por cierto a operarios y empresa, pues los primeros sitúan el porcentaje en el 8% mientras los segundos mantienen que alcanza un 25%.

La readmisión de los ocho trabajadores despedidos, entre ellos el doctor y la enfermera de la plantilla, es la primera condición que los operarios exigen sea revertida para desconvocar la huelga, pero no la única. Los empleados exigen el cumplimiento “íntegro y estricto” del convenio colectivo y el pliego de condiciones, elaborado en su momento por todos los grupos políticos presentes en la corporación municipal la pasada legislatura, con condiciones como la citada cifra de 364 trabajadores indefinidos.

Pero el problema, lejos de acotarse, tiene visos de ir a más, porque, según fuentes consultadas por este periódico, los ocho despidos que se han producido hasta ahora no sería sino el inicio de las medidas decididas por la UTE, y la cifra podría llegar a alcanzar la treintena en las próximas semanas como medida de presión al Ayuntamiento gasteiztarra para que rebaje las condiciones económicas firmadas hace apenas dos años, y que suponen para Vitoria un desembolso anual de 22,8 millones de euros.

El portavoz del comité de empresa, Severino Ubierna, anunció que, además de la huelga, se concentrarán frente a los locales de la UTE los martes y jueves.

El alcalde se reunió ayer con los trabajadores y ha solicitado una cita con la firma adjudicataria.

El teniente de alcalde pide tanto a la empresa como a los trabajadores que no cierren la puerta a la negociación.

Para la portavoz del PP una huelga es un problema “gravísimo” y las consecuencias “las vamos a pagar todos”.

El concejal de EH Bildu asegura que Urtaran “no puede seguir mirando hacia otro lado” ante este conflicto.

El portavoz de Podemos exige a Urtaran que ponga a trabajar a los servicios jurídicos para rescindir el contrato y asumir la gestión directa del servicio de limpieza.

En opinión del concejal de Irabazi, el Consistorio no sólo debe vigilar el cumplimiento de los servicios.