gasteiz - Desde que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó hace dos semanas el dictamen favorable a la reapertura condicionada de Garoña, el Ejecutivo central ha dado muy pocas pistas sobre el futuro que le aguarda a la central burgalesa, que en todo caso depende ahora de su visto bueno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró la semana pasada en el Congreso de los Diputados, a preguntas del PNV, que el Ejecutivo exigirá “las máximas condiciones de seguridad” a la planta antes de autorizar su reenganche a la red eléctrica y que escuchará a todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva, para la cual tiene un plazo de seis meses. Poco más de puertas para afuera. Sin embargo, en los mentideros políticos de la capital de España ya se da por hecho que el Gobierno utilizará el cierre de Garoña como posible moneda de cambio en próximas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), obligado por su mayoría minoritaria en la cámara baja. Y que lo hará mirando precisamente a la formación jeltzale, que en repetidas ocasiones ha mostrado su posición contraria a la reapertura de la central.

Según adelantó ayer la edición digital de Cinco Días, el Ejecutivo ofrecerá al Grupo Vasco en Madrid la clausura de Garoña a cambio de que éste apoye los PGE del próximo año 2018, un ejercicio especialmente crítico, mediada la legislatura, en el que el gabinete Rajoy volverá a necesitar aliados para sacar adelante sus Cuentas. Las mismas “fuentes políticas” a las que alude el diario económico aseguran que, de esta forma, el PP evitaría la servidumbre del apoyo a los presupuestos del PSOE, que en pocos meses elegirá a su nueva ejecutiva, con los riesgos que para los populares eso conlleva en función del rumbo que tome esta formación.

Los ministerios de Hacienda, cuyo responsable encabeza las negociaciones presupuestarias del Gobierno central, y de Energía, de quien dependerá el aval definitivo a Garoña, ni confirmaron ni desmintieron ayer esta información a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, y se limitaron a decir que no tienen “nada que comentar” al respecto. Un silencio significativo en cualquier caso y que tampoco se vio roto ayer públicamente ni por el presidente del Gobierno ni por ningún otro miembro de su equipo.

Mientras tanto, fuentes del PNV en el Congreso aseguraron que, por el momento, el asunto del posible cierre de Garoña no se ha puesto sobre ninguna mesa de negociación porque, simplemente, ésta “no se ha abierto” todavía. Hasta la fecha, el Grupo Vasco ha mantenido una única reunión con el Gobierno centrada en los PGE, concretamente el miércoles de la semana pasada, a la que asistieron los diputados Aitor Esteban e Idoia Sagastizabal. Por parte del Ejecutivo central participaron en el encuentro el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los secretarios de estado de Hacienda y Presupuestos.

En él, según confirmaron ayer los mismos medios, “no hubo ni un intercambio de papeles”, apenas una exposición de las “grandes cifras” del Ejecutivo y de los calendarios en los que se mueve, y el PNV pidió “más información” para, en encuentros posteriores, entrar en mayores detalles. “No estamos en un contexto de negociación aún y en ningún caso hubo un debate sobre ese tema, ni ofertas ni contraofertas”, remarcaron las mismas fuentes, que dijeron desconocer si en los planes del Gobierno se encuentra ofrecer la clausura de Garoña en una futura negociación. “Por ahora no ha estado encima de la mesa”, insistieron.

Que el futuro de la central nuclear burgalesa y del resto del parque nuclear estatal va a ser uno de los temas más calientes de toda la legislatura en Madrid parece ya una realidad más que evidente. Ayer mismo, el grupo de Unidos Podemos registró una proposición de ley en el Congreso para cerrar “definitivamente” las centrales nucleares españolas a medida que vayan expirando sus permisos de explotación, una medida sustentada en que actualmente hay 108.000 megavatios de capacidad instalada en el Estado al tiempo que en los momentos de mayor punta de consumo no se han superado los 45.000.

Cuestionado sobre la posible intención del Ejecutivo de incluir Garoña en las negociaciones presupuestarias, el diputado por Álava Juantxo López de Uralde insistió en que Garoña debe cerrar en todo caso “porque es insegura y lleva cuatro años parada”. Una reflexión a la que se unió su compañera de filas Isabel Salud, también coordinadora de Ezker Anitza-IU: “Cerrar Garoña a cambio de aprobar los presupuestos es un chantaje vergonzoso e inaceptable”, censuró.

movilizaciones De vuelta a Álava, el Foro contra Garoña ha convocado para este jueves 23 una cadena humana por las calles de Vitoria que arrancará a las 19.00 horas frente a la sede de la Diputación Foral de Álava. La protesta pasará por al Parlamento Vasco “para pedir el compromiso claro de la clase política”, hará después una parada frente a una tienda de Iberdrola -copropietaria de la central junto a Endesa- para denunciar su “actitud” y finalizará frente a la sede del Partido Popular en la calle Olaguíbel.

Junto a esta primera iniciativa de protesta contra la posible reapertura de la central nuclear, el movimiento Araba Sin Garoña ha convocado para el sábado 18 de marzo una nueva “gran manifestación” en Gasteiz.

“Compensación” para Castilla. La Junta de Castilla y León mostró ayer su “confianza” en que el cierre de Garoña “no sea el precio” por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y advirtió de que, de ser así, pediría una “compensación” para la Comunidad. Su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reconocido en declaración recogidas por Europa Press que, de ser cierto el posible cierre de Garoña vinculada a ese visto bueno a unas Cuentas, “no sería una buena noticia para Castilla y León”.