Vitoria. El colectivo antidesahucios ha considerado que cuando García fue elegida senadora "debió comunicar su nueva situación económica a Alokabide (la sociedad pública que gestiona las viviendas del Gobierno Vasco) y dejar para personas realmente necesitadas la vivienda social que ocupaba".
En su opinión, "no es comprensible" que alguien que ha firmado "un código ético de moralidad y transparencia haya acumulado tantos meses de impago, y aceptado que su caso llegara a los tribunales, teniendo medios suficientes para cancelar la deuda de 3.000 euros".
Stop Desahucios de Álava ha considerado que "las circunstancias personales" alegadas por la senadora de Podemos "ni explican ni justifican un comportamiento que perjudica" al movimiento que "lucha para que Alokabide no desahucie por impago a deudores de buena fe, que son la inmensa mayoría".
Fuentes de Podemos en el Senado han explicado a Efe que esas circunstancias aludidas por Stop Desahucios se refieren a una "situación de estrés derivada la relación que (García) mantenía con su expareja".
La formación morada tiene previsto hacer una valoración oficial a lo largo de esta semana tras estudiar la documentación sobre el caso que la senadora alavesa se ha comprometido a entregar, han precisado las mismas fuentes.
Las críticas a García por parte de este colectivo antidesahucios se suman a las del grupo del PP en el Senado, que ya la semana pasada criticó el proceder de García al considerarlo "inaceptable e hipócrita".
Los populares afearon a la senadora alavesa que cuando el Departamento vasco Vivienda inició los trámites de desahucio en octubre, ya llevaba cuatro meses en la Cámara Alta, por lo que "ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social", dado que sus ingresos mensuales rondan los 5.682 euros.
