vitoria - Nadie esperaba a estas alturas una resolución contraria a la reapertura de la central de Garoña por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre todo tras recibir hace dos semanas el aval de su propia comisión técnica. Sin embargo, no por insospechada, la decisión definitiva del organismo regulador conocida en las últimas horas ha generado un terremoto social y político de consecuencias aún desconocidas, y que además sienta un precedente para todo el parque nuclear estatal. El pleno del CSN aprobó ayer un dictamen favorable a la reactivación de la central más antigua del parque estatal, inaugurada en el año 1971, una reapertura que estaría condicionada a cuantiosas inversiones en materia de seguridad. Lo hizo con el voto favorable de cuatro de sus cinco consejeros, los tres propuestos por el Partido Popular y una por el PSOE. Sólo la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, también propuesta por los socialistas, votó en contra de la resolución.

Ratificado el visto bueno del CSN, la pelota pasa ahora al tejado del Ministerio español de Energía, que tendrá un plazo de seis meses para decidir si autoriza a Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, a volver a conectar la central a la red eléctrica y, también, hasta cuando. Así lo aseguró ante los medios en Madrid el presidente del CSN, Fernando Martí, cuatro horas después de hacerse público el resultado del dictamen. “El CSN no autoriza a Garoña a operar ni la desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo; es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuanto tiempo”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Se trata, en definitiva, de una decisión estrictamente política, que deberá tomar un gobierno ahora en mayoría minoritaria y con gran parte del arco parlamentario claramente posicionado contra Garoña. Quizá por ello, fuentes del Ministerio dirigido por el popular Álvaro Nadal se apresuraron ayer en asegurar al mismo medio que a partir de ahora abrirá un proceso de diálogo con “todas las partes” implicadas en este proceso antes de tomar la decisión definitiva sobre la planta, que se basará en el “interés general”. Agentes entre los que se incluyen las comunidades afectadas, probablemente Euskadi, así como Nuclenor y los colectivos ecologistas.

Cuando se conozca la postura del Gobierno central, será la empresa participada por Endesa e Iberdrola la que tendrá la última palabra sobre la reapertura de Garoña, que lleva parada desde el 16 de diciembre de 2012. Más de cuatro años durante los que Nuclenor ha invertido más de 300 millones de euros en su mantenimiento, lo cual tampoco garantiza que entre en sus planes seguir invirtiendo en la central con vistas a su reapertura. La entidad, por de pronto, esperará a analizar las condiciones establecidas en el informe del CSN para tomar una decisión definitiva, siempre supeditada al plácet anterior del Gobierno español. Cuestionados al respecto, los consejeros del organismo regulador dijeron desconocer ayer a cuánto podrían ascender las mejoras en materia de seguridad que se exigirán a Nuclenor, muchas de los cuales siguen pendientes de acometer desde su cierre por motivos económicos, ni durante cuánto tiempo podrían extenderse.

167 informes La decisión del pleno del CSN se ha basado en un total de 167 informes técnicos elaborados durante los dos últimos años de los que emanan diez grandes condiciones para permitir la reapertura de Garoña y otras 15 instrucciones técnicas complementarias. La mayoría atiende a modificaciones en el diseño de la planta exigidas desde el accidente nuclear de Fukushima de 2011, entre las que destacan el cambio del sistema de tratamiento de gases de reserva o la separación de trenes eléctricos. Las mejoras deberán ejecutarse en todo caso antes de la carga del combustible nuclear y de la reapertura si finalmente Garoña recibe la autorización de Madrid.

Más allá de que Garoña finalmente reabra sus puertas, lo que podría llegar a extender su vita útil hasta el año 2031, la decisión de la comisión técnica y de los consejeros del CSN supone todo un precedente, y no sólo porque la central burgalesa, situada a apenas 40 kilómetros de Vitoria, podría llegar a operar más de 40 años, algo inédito hasta la fecha. De hecho, este informe ha desligado la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada diez años, del aval para operar, que en este caso se extiende hasta los 14. Así lo puso ayer sobre la mesa la propia Cristina Narbona, que apuntó que una de sus principales razones para votar en contra del dictamen es que el CSN ha concedido por primera vez un informe favorable sin establecer un límite temporal a la renovación de explotación, lo cual “contradice la guía de seguridad nuclear todavía en vigor”.

Esto implica también, por ejemplo, que el visto bueno del organismo regulador para que una central nuclear pueda operar a partir de ahora sólo sería revocable por cuestiones de seguridad. La puerta hacia una futura extensión de la vida útil más allá de los 40 años de Almaraz I y II, Vandellós II, Cofrentes y las dos unidades de Ascó, los seis reactores operativos en el Estado, queda por tanto ahora más abierta que nunca.

Decisión esperada. Tras el aval de la comisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hace dos semanas, el visto bueno ayer de sus consejeros fue una decisión del todo esperada. El pleno aprobó el dictamen favorable a la reapertura de Garoña por cuatro votos a favor -el de los tres consejeros propuestos por el PP y el de una del PSOE- y uno en contra -el de la también socialista Cristina Narbona-.

Condiciones. El CSN establece en su informe diez grandes condiciones para permitir la reapertura de la central nuclear y otras 15 instrucciones técnicas complementarias. La mayoría atiende a modificaciones en el diseño de la planta exigidas desde el accidente nuclear de Fukushima del año 2011, entre las que destacan el cambio del sistema de tratamiento de gases de reserva o la separación de trenes eléctricos.

Energía decide. Ratificado el visto bueno del CSN, la pelota pasa ahora al tejado del Ministerio español de Energía, que tendrá un plazo de seis meses para decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la central a la red eléctrica y, también, por cuanto tiempo. Finalmente, será la propia empresa participada por Endesa e Iberdrola la que decida si reabre o no sus puertas tras más de cuatro años en situación de parada.

El presidente del CSN enfatizó que será el gabinete Rajoy el que tomará la decisión definitiva de permitir operar a Garoña o no.

167

Informes técnicos elaborados durante los dos últimos años ha estudiado el CSN para fundamentar su decisión de dar el visto bueno a la reapertura, que constituye un precedente histórico.