El dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que abre la puerta para renovar la autorización de explotación y que la central nuclear de Garoña vuelva a retomar la actividad fue la espita a una catarata de reacciones desde todos los ámbitos del espectro político. El diputado general de Álava reiteró su posición de seguir trabajando desde la entidad que él preside “en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura” de la central, manifestó a través de un comunicado.

Desde el bando jeltzale, su compañero y alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, exigió al Gobierno central el “desmantelamiento inmediato y definitivo” de la central burgalesa a través de un comunicado también. “Garoña ha superado hace tiempo la fecha de caducidad de su vida útil, por lo que prolongarla supone un riesgo que no debemos asumir”, defendió. No olvidó señalar a los dirigentes del PP, como los alaveses Alfonso Alonso y Javier Maroto, a los que exigió “no parapetarse en informes técnicos dirigidos y dar la cara. Hablan de defender el interés de Vitoria y de Álava, pero a la hora de la verdad, no lo hacen. Que no callen y exijan a sus compañeros de partido el desmantelamiento inmediato de la central”, clamó. En esa línea de firme oposición, el parlamentario vasco del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero, no dudó en calificar como “un ataque directo a Álava y una amenaza inasumible para la seguridad de sus habitantes”, la decisión tomada en Madrid por el Consejo de Seguridad Nuclear. También el Gobierno Vasco se posicionó sobre la decisión, al “lamentar y rechazar” la decisión respecto a una infraestructura que ya “ha cumplido con creces su vida útil y, además, cuenta con una tecnología obsoleta”, concretaron.

En EH Bildu fue el también parlamentario en Vitoria, Mikel Otero, el que emplazó a instituciones, partidos y sociedad vasca a hacer una “presión conjunta” para evitar la reapertura. Llegó incluso a considerar un “escándalo, barbaridad y provocación”, la decisión adoptada. También en esa línea de aglutinar actuaciones se situó Juantxo López de Uralde al señalar de forma enérgica: “Si el Gobierno sigue adelante con la reapertura, propondremos a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña”, avanzó el coportavoz de Equo y miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos.

Desde Garoñaren Kontrako se reclamó “respeto al sentir mayoritario de la sociedad vasca y particularmente alavesa, contrarios a la reapertura de la central nuclear” ubicada en Burgos. Le correspondió al parlamentario socialista José Antonio Pastor poner voz a la opinión de su partido. Aireó el “rechazo” a la decisión del CSN, que calificó de “incomprensible”, ya que según denunciaron los propios técnicos del organismo, los propietarios de Garoña “no cumplieron” los requisitos que se les exigió en 2015 para mejorar la seguridad de la central. En cualquier caso, más allá de “cargar las tintas” en el Consejo de Seguridad Nuclear, que, según dijo, se ha visto “presionado” por el ejecutivo del PP, el parlamentario socialista recordó que la decisión “política” y definitiva sobre este asunto corresponde al Gobierno de Rajoy, al que reclamó que “atienda” a los ciudadanos y no autorice la reapertura de la plantas.racionalidad Desde las filas del PP del País Vasco llegaron, en palabras de su secretaria general, Nerea Llanos, las opiniones referidas a la “máxima seguridad para todos y la máxima racionalidad” con la que abordará el Gobierno la cuestión, a la hora de determinar la posible reapertura de la central. Un argumento similar empleó la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, indicando que, tras constatar que Garoña es “segura”, la decisión de la reapertura es “importante” para la comunidad porque genera unos mil empleos y se crea “beneficios en el mundo rural.