vitoria - A la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comunique -a priori mañana, aunque la decisión podría volver a retrasarse hasta el viernes- oficialmente su dictamen sobre la solicitud de renovación de la licencia de explotación de Garoña, que salvo sorpresa será favorable a su reapertura, los técnicos de seguridad nuclear denunciaron ayer que la central burgalesa no ha completado aún las medidas de seguridad requeridas para poder avalar su puesta en marcha.
Según la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), la organización profesional de técnicos del Consejo, “el CSN requirió a esta central nuclear una revisión de su diseño y la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad, entre las que se encuentran un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra caída del techo del edificio de turbina, y el aislamiento de la contención primaria”. Una serie de actuaciones que “deberían estar implantadas como condición previa para la emisión del preceptivo informe favorable del CSN”.
Sin embargo, desde que el órgano nuclear requiriera a Nuclenor, en abril de 2015, la puesta en marcha de estas actualizaciones, y “a fecha actual”, Garoña “no ha realizado estas modificaciones necesarias, requeridas para mejorar su nivel de seguridad”.
Ante esta situación, los técnicos denuncian que, si mañana o el viernes el dictamen del CSN, donde los representantes vinculados al Partido Popular son mayoría, es como se prevé favorable a la renovación de la licencia, “supondría un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos, dado que no ha habido debates públicos ni las actas del Pleno permiten conocer esas deliberaciones, lo que supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos”. “En estas condiciones, dictaminar sobre el nivel de seguridad de una instalación supone hacerlo sin disponer de toda la información y supervisión necesarias”, recuerdan.
En un comunicado, los técnicos de seguridad nuclear explican que el CSN “ha preparado una revisión de la guía de seguridad GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la revisión periódica de la seguridad con los del propio permiso, eliminando así la condición previa de realizar una revisión para el informe favorable del CSN sobre la concesión de un permiso de explotación que forzaba a concederlos por un máximo de diez años”. Con la modificación, pasarán a ser “de la duración que establezca el Gobierno”.
“Emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada guía de seguridad ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas supone asumir unos riesgos de forma no justificada sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad”, censuran antes de concluir que “la toma de decisiones precipitadas sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, usando una normativa no aprobada, sin la transparencia debida y sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica”.
“inviables” para nuclenor Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, apuntó ayer que el ejecutivo de Rajoy “no puede cerrar Garoña, ni ninguna empresa de este país”, sino “exigir unas medidas de seguridad que según la empresa -aseguró De Andrés- parece que hacen inviable su continuidad”.
