Vitoria - El pasado día 16 se cumplieron cuatro años desde que la central nuclear de Garoña cesara su actividad oficialmente para quedar aletargada con vistas a una posible reapertura que, a día de hoy, sigue en el aire. Hace unos días, José Ramón Torralbo, el presidente de Nuclenor, propietaria de la planta controlada a medias entre Iberdrola y Endesa, afirmaba que Garoña podría seguir operando sin problemas hasta los ochenta o noventa años de vida útil, y mientras tanto nada se sabe del dictamen oficial sobre la renovación de la licencia de actividad de la central, que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró en junio que tendría listo “en torno al mes de noviembre”.

Mientras tanto, alertada por lo que considera una serie de “movimientos escalofriantes” durante los últimos meses, a cargo del citado presidente de Nuclenor, el responsable del CSN, Fernando Martí, y el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, la plataforma Araba Sin Garoña se concentró ayer en la puerta de la sede del Partido Popular en Vitoria para reclamar al resto de partidos políticos que aíslen a los populares como medida de presión y supediten cualquier acuerdo presupuestario con el PP al cierre definitivo de Garoña.

“No valen más declaraciones, mociones o proposiciones no de Ley. No vamos a admitir ninguna actitud tibia que no ponga encima de la mesa el cierre de Garoña”, aseguró el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, que insistió en que existe “una mayoría social e institucional que apuesta por el cierre”. “Si los partidos que se comprometieron a no reabrir la central pactan con quien plantea reabrirla estarán desoyendo la voluntad popular”, subrayó Frías.

Para Araba Sin Garoña, las declaraciones y actuaciones, bien públicas o en la sombra, que se suceden entre el gobierno central, el CSN y los operadores eléctricos “recuerdan miméticamente el esquema que posibilitó el accidente de la central de Fukushima”. “Hay preguntas sobre el futuro de la central que requieren de una respuesta clara”, reclamaron los manifestantes.

Cuatro años después del que parecía el punto final a la planta atómica burgalesa, cuyos trabajadores continúan acudiendo a diario a la espera de una resolución definitiva, Garoña suma más de 300 millones de euros en inversiones para mantenerla en condiciones ante una posible reactivación. Un movimiento que, en última instancia, no será sino una decisión puramente política a cargo del gobierno dirigido por Mariano Rajoy. Los plazos se agotan y el 2031, año en el que expiraría la nueva licencia solicitada, continúa fijado en el horizonte.