“La agresión sexual a un menor tiene que ser duramente condenada, y se deberían cumplir íntegramente las penas”

¿Qué le vino a la cabeza cuando se enteró de las primeras informaciones en torno a esta presunta red de prostitución de menores?

-Me pregunté a mí misma, y luego lo dije en voz alta: ¿En manos de quién están nuestros niños y nuestras niñas? Y hablo de las instituciones, de la Justicia, de la Fiscalía... De todo. Tenemos la denuncia presentada por la madre de uno de los menores en abril, que se ha demostrado que presuntamente es cierta, y que ha hecho un recorrido hasta terminar en archivo. Ahora, meses más tarde, estamos hablando otra vez de lo mismo. Sólo que los medios de comunicación han conocido el caso, y si no es por eso, esos niños siguen prostituyéndose, presuntamente. Esto es una barbaridad. Llevamos como asociación desde 1982 trabajando para lograr una Ley de Protección a la Infancia, que la tuvo la República gracias a Clara Campoamor, y nunca más ha habido nada parecido, sino cosas sueltas por ahí. Nos hemos matado también para que la edad de consentimiento sexual sea a partir de los 16 años, hayan hecho lo que hayan hecho los menores, hayan cobrado o no, hayan querido o no... Y nos encontramos con esto.

Esta semana ha mantenido un primer encuentro cara a cara con la todavía diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, y su equipo, con los que su asociación va a ir de la mano en la acusación popular. ¿Satisfecha?

-Sí, la reunión fue bien. Y en lo que hemos quedado es en colaborar estrechamente y en esclarecer estos hechos hasta el final, en la misma línea y con el mismo afán. Lo más importante ahora es dejar a los niños fuera de todo esto, porque al fin y al cabo les afecta, y tratar de centrarlos otra vez psicológicamente, restablecerlos y recuperarlos.

Sin embargo, por sus palabras entiendo que cree que durante todo este tiempo no se ha actuado con la suficiente diligencia.

-Totalmente. Yo no tengo por qué dudar de la diputada cuando dice que los funcionarios no le contaron nada cuando se puso la primera denuncia, que se enteró de esto en octubre y que en cuanto lo supo denunció. La creo. Pero ahora, ¿qué va a hacer la Diputación? Aquí hay unos funcionarios que han sido desleales con un cargo político, que la han puesto en un riesgo tremendo, y que además han ocultado datos. Entonces, ¿van a seguir todos en su puesto? ¿Se abrirá un expediente y se les sancionará? Estoy segura de que si la diputada se entera en abril de la denuncia o la informan de esto, el tema se habría zanjado ya. No habríamos llegado hasta ahora. La Diputación está realizando un trabajo interno importante estos días, pero quedan muchas cosas por hacer, que no son las judiciales. Me refiero al ámbito político.

En definitiva, que se depuren responsabilidades.

-Exactamente. Y lo digo porque la creo a ella, porque si no estaría diciendo otra cosa. Pero no vale sólo con creerla. Es necesario llegar hasta el fondo y saber quién tuvo conocimiento de todo esto. Tras la última reforma del Código Penal, cualquier funcionario, sea cual sea su cargo, que tenga conocimiento de un delito de violencia de género, de agresión sexual o contra la infancia, tiene la obligación de denunciarlo ante la Fiscalía, bajo apremio de cometer un delito castigado con una pena de cárcel y una multa. Esta es otra de las batallas que hemos ganado desde la asociación y es lo que tendría que utilizar ahora la Diputación. Hay otro tema, y es que como asociación estamos intentando que esos funcionarios que tienen la obligación de acudir a la Fiscalía deben tener una protección. Para que consigamos que lo hagan y que estos casos no vuelvan a suceder, el funcionario o funcionaria que haga un informe y acuda al juzgado a denunciar un delito contra la infancia debe ser protegido.

¿De qué manera?

-Para empezar, en los colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales o de enfermería deberían asignar a esos profesionales un número para cuando acudan a la Justicia. Así, los denunciantes que presenten un informe serán un número y no pasará como ahora, que tienen que ir con su nombre, su apellido, su DNI y hasta su dirección. Y además, tienen que declarar a cara descubierta ante el presunto pederasta. Deben tener derecho a la privacidad y a la protección. Esto lo he planteado ya y de momento lo hemos perdido, pero acabarán dándonos la razón.

Al margen de herramientas como esta, más enfocada al ámbito judicial, ¿qué mecanismos deberían ponerse en marcha en los centros de menores para que un caso así no vuelva a ocurrir?

-Sencillamente, trabajar con responsabilidad. Tienes a unos niños en los centros, porque te has convertido en su padre y su madre. ¿Cómo es posible que unos niños usen el ordenador de un centro de acogida para concertar, presuntamente, citas de prostitución? Y que no se haya enterado nadie. Nos está bombardeado la Administración con campañas para que los padres controlen el ordenador de sus hijos, que les metan alarmas para que no entren en ciertas páginas y controlar sus correos... Me parece tremendo.

Poniendo el foco sobre los adultos que supuestamente han pagado por tener sexo con menores, ¿qué se podría hacer a nivel social para arrinconar estas prácticas?

-Desde el punto de vista social y penal, las relaciones con menores están muy penalizadas, sobre todo desde que se reformó el Código Penal y desde que tenemos la nueva Ley de Protección a la Infancia del año 2015. Que alguien que está con un chaval de 14 años diga que pensaba que era un mayor de edad sencillamente no es creíble. Consciente o inconscientemente, está cometiendo un delito.

Aunque todavía parece pronto, se entiende que la acusación popular que van a ejercer no irá sólo contra los adultos que hayan mantenido relaciones con los menores.

-La acusación va contra los clientes, los organizadores de la red y los que han tenido responsabilidad sobre los menores y han hecho dejación de esa responsabilidad, al margen de todo lo que a lo largo de la instrucción vaya saliendo.

Entonces, no sería descartable que la acusación se extienda a la propia Diputación, o al menos a alguno de sus funcionarios...

-Veremos quiénes han estado en los centros y qué responsabilidad han podido tener las empresas... Lo que parece claro es que la denuncia presentada en abril por esa madre fue archivada por el juzgado después de que la conocieran técnicos y la Policía Local. Todo este camino hay que recorrerlo desde el mes de abril. ¿Qué cara se le habrá quedado a esta madre, a la que han retirado la tutela de su hijo, cuando ha leído en los medios de comunicación lo que estaba pasando? Es una pena que no acudiese a la asociación en abril, porque seguro que ese tema no se habría archivado.

¿A qué achaca este desliz aparentemente tan grave de la Justicia? En muchas ocasiones han denunciado la falta de medios que sufre...

-No lo sé. Pero por ejemplo, cuando saltó el caso de los niños supuestamente agredidos sexualmente por un profesor en Vitoria, la asociación ha tenido que estar muy encima con los padres, porque este caso se ha archivado no sé cuántas veces. No nos han hecho caso ni en el juzgado, ni en Educación, ni en ningún lado... Porque a este profesor lo han mandado de un centro a otro. Parece ser que ahora sí que está tirando para adelante, pero pasó algo similar que con el caso de ahora. La historia llegó a oídos de unos funcionarios, que igual no le dieron valor, la madre fue a la Fiscalía, la Fiscalía abrió un expediente y el juez lo archivó. Sin más.

A la espera de lo que depare la investigación, ¿pedirán para los acusados las penas máximas que recoge el nuevo Código Penal? Hablamos de castigos de hasta 15 años de prisión.

-Pediremos las penas correspondientes a todos los delitos que a lo largo de la investigación se vayan conociendo. Hayan hecho lo que hayan hecho los menores, presuntamente se han cometido muchos delitos. Desde que se aprobó el nuevo Código Penal, la edad de consentimiento es a partir de los 16 años, por lo que cualquier relación de un menor con menos de 16 años y un día, es un delito de agresión sexual. Y aquí hay un delito de agresión sexual cada vez, y con cada cliente. Y cada vez, y con cada funcionario. Y digo todo presuntamente. Aparte, habrá que ver también en qué contexto se dieron las presuntas relaciones con los menores de 16 y 17, porque el consentimiento depende del grado de engaño o de coacción al que los menores sean sometidos. Y también está la intervención en medios tecnológicos, que es uno de los nuevos delitos que se han introducido en el Código Penal.

¿Este endurecimiento de las leyes cumplió sus expectativas o incluso introduciría nuevos matices?

-Queremos introducir nuevos matices, tanto en el ámbito de la violencia de género como en el de la infancia, porque los protocolos que existían se han ido quedando viejos con base en esas nuevas leyes. He estado esperando a que tuviéramos Gobierno, se han creado por fin las comisiones de Infancia y de Igualdad y Violencia de Género, y queremos explicar ante los diputados y diputadas todo lo que está pasando y las nuevas necesidades a las que nos enfrentamos. En el caso de los menores, el agravamiento de las penas no nos ha parecido suficiente, porque la agresión sexual a un menor no puede ser equiparable a la que sufra un adulto. La agresión sexual a un menor tiene que ser duramente condenada, y se deberían cumplir íntegramente las penas, sin andarnos con más tonterías. Todavía hay que cambiar el chip de la clase política.

Como sociedad, ¿qué falta para proteger de una forma más efectiva a los menores, las verdaderas víctimas de esta trama?

-Tomárselo en serio, y que la persona que recibe la primera sospecha o denuncia, se lo piense mucho a la hora de pasarlo por alto. Y en el ámbito judicial, puedes creer o no puedes creer a una persona como esa madre que denunció en abril, pero nunca archivar.

Desde su asociación están acostumbradas a lidiar con casos gravísimos de abusos y maltrato. ¿Pero recuerda un caso de esta magnitud?

-Sí. El del club Arny, el del Raval de Barcelona, el de otra red que se desmanteló en La Rioja y cuyos miembros están en la cárcel... Por lo visto hasta ahora, estamos en ese nivel.

Viendo los antecedentes, ¿confía en que la Justicia, empezando por la instrucción, sea rápida?

-Según la nueva ley, espero que sea rápida, porque además establece que a los niños sólo se les deberá tomar una declaración grabada, y además acompañados por un especialista. No va a haber más declaraciones ni más revuelta.

Cambiando de tema, aunque no del todo, el Gobierno Vasco acaba de aprobar un protocolo contra los abusos sexuales a menores en los colegios, que tratará de evitar situaciones como la que se conoció hace un año en Vitoria, cuando fue apartado un docente. ¿Le parece una buena herramienta?

-Que sea bienvenida. Pero que se centre sólo en los colegios me parece insuficiente, porque debería extenderse a todas las instituciones. Empezando por los centros de menores.

Entrando en el ámbito de la violencia con el que trabajan desde la asociación todos los días, la que se ejerce contra la mujer, los últimos datos del CGPJ son para echarse las manos a la cabeza. Ponen, además, el foco sobre los adolescentes. ¿Qué está fallando?

-Esto tiene que ver con una propuesta de la asociación por la que se incluyeron en la Ley de Violencia de Género las agresiones contra la mujer en relaciones sentimentales aun cuando no exista convivencia. Y ahí es donde han entrado los adolescentes que acosan, siguen, amenazan y maltratan a sus exparejas, aunque nunca hayan convivido. Desgraciadamente, muchos jóvenes están tomando unas actitudes y unos comportamientos que no son los que esperaríamos de una generación a la que hemos educado en democracia, además por unos padres que han luchado mucho contra la violencia de género. Es como si no hubiésemos hecho nada y que tuviésemos que empezar otra vez todo el camino, como hace 50 años. Aparte de esto, y hablando de forma general, hay más violencia ahora, es más brutal de lo que era antes, y además hay un incremento de mujeres que han sido asesinadas después de denunciar. Esto es lo más grave para un Estado democrático, que además tiene la mejor ley del mundo.